La Justicia federal analiza movimientos de fondos generados por la Selección Argentina en el exterior que no habrían ingresado al circuito reglamentario del fútbol local.
La Justicia federal investiga un presunto desvío de al menos 50 millones de dólares provenientes de ingresos internacionales de la AFA, en una causa que apunta a una compleja estructura financiera con ramificaciones fuera del país.
El expediente está a cargo del juez federal Luis Armella, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, quienes reconstruyen el recorrido de fondos que habrían sido canalizados a través de distintas sociedades extranjeras sin actividad económica clara.
Según la investigación, el dinero —que debía destinarse al fortalecimiento de los clubes argentinos— fue fragmentado en transferencias millonarias hacia cinco firmas radicadas en el exterior.
En el centro del esquema aparece TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, señalada como responsable de administrar y recaudar los ingresos internacionales de la AFA, que en total alcanzarían unos US$260 millones.
Los recursos investigados provendrían de partidos amistosos, acuerdos comerciales con Adidas y derechos de la plataforma AFA Play.
La fiscalía busca determinar qué parte de ese capital fue efectivamente liquidada a la asociación y por qué una suma significativa habría quedado fuera del circuito formal.
En el marco de la causa, el magistrado ordenó además un relevamiento exhaustivo de productos bancarios vinculados a las empresas involucradas y avanzó con un peritaje patrimonial sobre el Club Atlético Banfield y su fideicomiso, ante la sospecha de que parte del dinero podría haber reingresado al sistema local para financiar gastos operativos o personales.
La investigación también detectó el uso de documentación contable presuntamente falsa, que habría sido empleada para la compra de vehículos, lo que podría ampliar la imputación a falsificación y lavado de activos.
Fuentes judiciales indicaron que la pesquisa avanzará en tres frentes: rastreo internacional de activos para identificar beneficiarios finales, peritajes digitales y caligráficos, y una auditoría cruzada de contratos e ingresos declarados ante organismos de control.
Desde el sistema financiero aseguraron cumplir con las normativas del Banco Central de la República Argentina, aunque la Justicia ya constató irregularidades dentro del expediente.
La información fue difundida inicialmente por Agencia Noticias Argentinas. De comprobarse las maniobras, los responsables podrían enfrentar cargos por administración fraudulenta, con penas agravadas si se confirma el uso de documentación apócrifa y el lavado de activos.
