El acceso al techo propio y las dificultades estructurales para sostener un contrato de locación formal configuran una de las paradojas más severas del desarrollo urbano en el país. De acuerdo con un relevamiento privado elaborado por el CIPPEC, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen entre 70.000 y 100.000 viviendas estructuralmente vacías, un fenómeno de vacancia habitacional prolongada que restringe de forma drástica la oferta y encarece los valores de mercado.
La metodología técnica para catalogar a un inmueble bajo esta condición específica se fundamenta en un monitoreo del consumo eléctrico sostenido durante un año completo. El informe considera que una vivienda está estructuralmente vacía si registra una demanda inferior a los 50 kilowatts por mes, un indicador energético que se ubica incluso por debajo del gasto promedio de una heladera doméstica en funcionamiento continuo.
El avance de este fenómeno coincide de forma directa con un severo deterioro en las condiciones de vida de la población urbana. Los indicadores del último Censo Nacional reflejaron que el porcentaje de inquilinos en el territorio porteño escaló del 22% al 36% en las últimas dos décadas, un promedio que duplica la media nacional y expone cómo amplios sectores de la sociedad se ven forzados a volcarse al mercado de renta.
El escenario actual para quienes deben alquilar se caracteriza por una marcada asfixia financiera, donde el costo neto de la locación sumado a las expensas mensuales ya absorbe más de la mitad de los ingresos de los grupos familiares. El reporte advierte que el 30% de los inquilinos no logra renovar sus contratos debido a los altos montos de ingreso, provocando que el 80% de los jóvenes menores de 35 años deba abandonar el hogar antes de cumplir los tres años.
La problemática de los inmuebles ociosos no es exclusiva de la Capital Federal y se replica en los principales centros productivos del interior argentino. En la ciudad de Rosario se contabilizan cerca de 32.000 unidades habitacionales vacías, representando la tasa de vacancia más alta del país con un 8,6%, mientras que en la capital de Córdoba el registro oficial alcanza las 20.000 viviendas desocupadas, equivalentes al 4% de su parque residencial.
La inmovilidad de este stock de propiedades responde a una compleja red de trabas legales, procesos de sucesiones familiares no resueltos, altos costos de refacción edilicia y normativas de preservación patrimonial rígidas que impiden intervenir las estructuras. Los expertos señalan que, ante la falta de incentivos y de estabilidad macroeconómica, los propietarios prefieren mantener los inmuebles cerrados antes que reincorporarlos al circuito comercial.
