La disputa política y financiera entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la administración central sumó un nuevo y complejo capítulo judicial. El Gobierno nacional presentó una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la decisión de Axel Kicillof de transferir los aportes jubilatorios de unos 20.000 empleados de empresas públicas bonaerenses desde las arcas de la Anses hacia el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial.
La medida que desató el conflicto legal está amparada en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, sancionada por la Legislatura Bonaerense. Dicha normativa estableció la obligatoriedad de que las firmas estatales radicadas en territorio provincial redirijan sus contribuciones patronales y personales directamente a la caja previsional local, lo que representa una transferencia mensual de miles de millones de pesos que dejan de ingresar al circuito federal administrado por la Nación.
En una conferencia de prensa oficial, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la aplicación de la ley argumentando que se trata de empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por ende, lo que corresponde en términos doctrinarios es que esos aportes robustezcan el sistema previsional de su propia jurisdicción. El funcionario denunció además que la presentación judicial de la Casa Rosada «busca de forma deliberada dificultar la gestión provincial» para evitar quedarse sin fondos.
Por su parte, la Casa Rosada justificó el planteo ante el máximo tribunal alegando una flagrante invasión de competencias federales por parte de la gobernación platense. En los fundamentos de la demanda, la Nación sostuvo que la masiva quita de aportantes genera una desfinanciación directa sobre la estructura de la Anses y motoriza un conflicto sistémico insostenible entre ambos regímenes previsionales a mediano plazo.
Empresas Provinciales Afectadas por el Traspaso
ABSA: La distribuidora de agua potable y cloacas que presta servicios esenciales en 95 municipios bonaerenses.
Aubasa: Concesionaria encargada de operar la Autopista La Plata – Buenos Aires y el corredor vial de las rutas hacia la Costa Atlántica.
Centrales de la Costa y Bagsa: Compañías públicas vinculadas a la generación eléctrica y la red de gas licuado provincial.
Ceamse: Organismo interjurisdiccional dedicado a la gestión y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Un Segundo Frente Judicial con los Colegios Privados
A la par del litigio abierto con la Nación, la administración de Kicillof sumó otra fuerte resistencia legal en el sector de la educación privada dentro del territorio de la provincia.
Demanda de los Colegios: La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) acudió de forma directa a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. Las cámaras empresariales del sector solicitaron que se declare inconstitucional el mismo artículo previsional, argumentando que la obligación de migrar de Anses al IPS a personal auxiliar, docentes extraprogramáticos y personal no docente afectaría a un universo de entre 50.000 y 55.000 trabajadores de la educación privada en la provincia.
