La Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso un punto final definitivo a uno de los frentes procesales más complejos que las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez mantenían abiertos en la causa Vialidad. El máximo tribunal del país desestimó de manera unánime los recursos de queja presentados por los abogados defensores, convalidando de este modo la validez del recálculo económico sobre los bienes de los condenados.
Con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal descartó las impugnaciones por considerarlas inadmisibles bajo los términos técnicos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Con esta resolución de última instancia, la Justicia quedó formalmente habilitada para avanzar con la ejecución solidaria de 685.000 millones de pesos sobre el patrimonio de todos los responsables de la maniobra fraudulenta.
El expediente de ejecución patrimonial tuvo su origen formal en la condena dictada por el Tribunal Oral Federal Número 2 en diciembre de 2022, que impuso una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la exvicepresidenta de la Nación. Si bien la sentencia original fijaba el decomiso en 85.000 millones de pesos en base a los sobreprecios de la obra pública en Santa Cruz, el fallo advertía que la cifra debía actualizarse.
Una vez que la condena quedó firme en el transcurso del año 2025, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema procedió a actualizar los montos tomando como parámetro técnico de referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La aplicación de este indicador inflacionario multiplicó por ocho el valor nominal de la multa original, arrojando la cifra final exacta de 684.990.350.139 pesos que las defensas intentaron frenar sin éxito en Casación.
Los letrados de Fernández de Kirchner objetaron formalmente la utilización del IPC como variable de ajuste económico, mientras que la representación legal de Báez cuestionó la competencia del tribunal oral interviniente frente a otros procesos de quiebra preexistentes. Ninguno de estos argumentos técnicos logró conmover la postura de los ministros de la Corte, quienes ratificaron la vigencia de las tasaciones que ya pesan sobre 111 bienes identificados en la causa.
En la práctica judicial y financiera, la resolución establece que todos los condenados en el juicio por la obra pública santacruceña deberán responder de forma solidaria para cubrir el multimillonario monto total fijado por los peritos oficiales. Dado que los activos de las firmas comerciales de Báez ya fueron liquidados previamente en otros fueros, los embargos y las ejecuciones preventivas se concentrarán con mayor fuerza sobre las propiedades remanentes de la exmandataria.
Fuente: Agencia DIB
