Un drástico cambio en la política de subsidios al transporte público de pasajeros comenzó a regir a partir de este miércoles 1 de julio en todo el territorio nacional, amenazando con encarecer de manera directa el costo de los viajes para los sectores más vulnerables de la ciudad. A través de la Resolución 40/2026, la Secretaría de Transporte de la Nación modificó el mecanismo de financiamiento de la Tarifa Social y dejará de actualizar de forma automática la cobertura del 55 por ciento de descuento que reciben jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales ante futuras subas del boleto.
La nueva normativa rompe con el esquema tradicional de actualización automática y crea la figura de «tarifas de referencia», que funcionarán como un techo fijo sobre el cual el Tesoro Nacional calculará su aporte económico. Para las líneas de colectivos del interior del país, las autoridades nacionales dispusieron que el tope máximo de cobertura quedará rígidamente congelado al valor de los cuadros tarifarios que se encontraban vigentes al martes 30 de junio de 2026, desentendiéndose de los futuros incrementos que convaliden las comunas.
El fundamento técnico esgrimido por el Poder Ejecutivo nacional para justificar la medida radica en la necesidad de ordenar las cuentas públicas ante la marcada dispersión de precios y la dinámica de aumentos frecuentes que aplican de forma autónoma los municipios y las provincias. Al no ser el Estado Nacional la autoridad de aplicación en los distritos del interior, desde los despachos de la Casa Rosada argumentaron que sus erogaciones en la tarjeta SUBE aumentaban de forma imprevista y desproporcionada ante cada readecuación local.
En términos prácticos, la medida no reduce el porcentaje del 55 por ciento de descuento ni altera el universo de beneficiarios locales que posean su tarjeta plástica debidamente registrada a su nombre. Sin embargo, el congelamiento del subsidio implica que ante el próximo incremento del pasaje que se dictamine en Olavarría, la Tarifa Social Federal solo cubrirá el porcentaje correspondiente al boleto viejo, obligando a los usuarios vulnerables a abonar de su propio bolsillo la totalidad de la diferencia del aumento.
La implementación operativa de este nuevo algoritmo de cálculo ya se encuentra plenamente vigente en las validadoras de colectivos y quedó bajo la órbita técnica de la empresa estatal Nación Servicios SA. Desde la cartera de Transporte nacional aclararon que los municipios retienen la plena facultad de fijar sus propios cuadros de tarifas en el mediano plazo, pero advirtieron de forma tajante que si las intendencias deciden subir los costos de las frecuencias, deberán regular e implementar sus propios mecanismos locales de financiamiento adicional para amortiguar el impacto.
