El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral, luego de que un fallo suspendiera cautelarmente más de 80 artículos de la norma a partir de un amparo impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La medida fue impulsada por la Procuración del Tesoro y apunta a acelerar los tiempos del proceso judicial, evitando las instancias intermedias y llevando la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma directamente al máximo tribunal.
En un escrito de más de 40 páginas, el Estado cuestionó con dureza la decisión del juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había hecho lugar a la cautelar y frenado la aplicación de varios puntos clave de la ley.
Entre ellos se encuentran cambios en indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, banco de horas, vacaciones y aportes sindicales.
Según argumentó el Gobierno, el magistrado actuó sin competencia y avanzó sobre facultades del Congreso, al suspender una ley sancionada por el Poder Legislativo. Además, sostuvo que no existía un “caso concreto” ni legitimación suficiente por parte de la CGT para presentar el amparo colectivo.
Por su parte, la central obrera había planteado que varios artículos de la reforma vulneran derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional, en particular el artículo 14 bis, y advirtió sobre posibles perjuicios para los trabajadores.
El conflicto también abrió una disputa sobre la competencia judicial. En ese sentido, la jueza Macarena Marra Giménez, del fuero contencioso administrativo federal, aceptó un planteo del Gobierno y ordenó que la causa pase a su jurisdicción, al considerar que se trata de un conflicto contra el Estado nacional.
En la presentación, la Procuración insistió en que la CGT no acreditó un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la ley y cuestionó su capacidad para representar de manera general a todos los trabajadores del país.
Además, sostuvo que la continuidad de la medida cautelar implica, en la práctica, un adelantamiento de los efectos de una eventual sentencia definitiva, lo que —según el Gobierno— desvirtúa el carácter excepcional de este tipo de resoluciones.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva con mayor rapidez un caso de alto impacto político, institucional y económico, en medio de fuertes tensiones con el sector sindical por el alcance de la reforma laboral.
Fuente TN
