La desesperación y el dolor se apoderan de los principales centros urbanos del Caribe en una carrera contrarreloj que entra en su fase más crítica. A más de 90 horas de que un doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudiera de forma consecutiva el territorio de Venezuela, miles de rescatistas nacionales y brigadas internacionales remueven toneladas de concreto y escombros con la decreciente esperanza de hallar sobrevivientes atrapados.
El último reporte oficial emitido por las autoridades sanitarias elevó la cifra de víctimas fatales a 1.450 personas, registrándose además más de 3.150 heridos de diversa gravedad. En paralelo, los organismos de las Naciones Unidas trazaron un panorama sumamente complejo al estimar de forma extraoficial que el número de ciudadanos desaparecidos supera los 50.000, un indicador que el gobierno interino ha evitado desglosar.
Las postales de la destrucción total se concentran con crudeza en el balneario de La Guaira, una localidad costera ubicada a unos 40 kilómetros de la capital que ya se asemeja a una zona de guerra. El informe del Parlamento detalló que al menos 189 edificios sufrieron un colapso estructural absoluto, transformándose en montañas de arena y escombros, mientras que la cantidad de inmuebles severamente dañados e inhabitables asciende a 774.
El operativo de asistencia internacional desplegado en el terreno incluye la presencia de más de 2.700 especialistas de rescate y médicos provenientes de 24 países, apoyados por unidades caninas y aeronaves militares de transporte de los Estados Unidos. La logística aérea se canaliza mediante la reapertura parcial del aeropuerto internacional de Caracas, permitiendo el constante arribo de toneladas de insumos médicos, alimentos y herramientas de excavación.
A pesar de la copiosa ayuda solidaria externa, el clima social en los barrios damnificados se encuentra marcado por la indignación y las protestas debido a las trabas burocráticas impuestas para la circulación de los voluntarios. La decisión del Ejecutivo de militarizar las zonas de desastre e implementar la obligatoriedad de un salvoconducto oficial generó fuertes cruces con los socorristas independientes, quienes denuncian demoras fatales en los accesos.
La magnitud de la catástrofe proyecta consecuencias económicas de largo alcance para la infraestructura del país petrolero, sumido previamente en una persistente crisis social. Los equipos técnicos de la ONU proyectan que los movimientos telúricos dejarán un saldo de casi siete millones de damnificados directos y pérdidas materiales valuadas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto nacional.
Fuente: Página 12
