La Cámara Baja fue convocada a las 14 para tratar la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado. El oficialismo eliminó el artículo que reducía salarios por enfermedad, pero mantiene el núcleo central del proyecto.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá este jueves la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que ya obtuvo media sanción en el Senado. La sesión fue convocada para las 14 por el presidente del cuerpo, Martín Menem, en un escenario marcado por negociaciones de último momento y fuertes tensiones con el sector sindical.
El oficialismo llega al recinto con modificaciones respecto del texto aprobado en la Cámara Alta. En las últimas horas decidió retirar el artículo 44, que establecía una reducción salarial durante las licencias por enfermedad, tras los cuestionamientos de bloques aliados y el rechazo gremial.
Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral
Uno de los ejes centrales es la redefinición del esquema indemnizatorio. El proyecto mantiene la indemnización por despido sin causa, pero establece que el cálculo se hará sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y adicionales extraordinarios.
Además, fija un nuevo criterio de actualización de créditos laborales: IPC más un 3% anual, con el objetivo de reducir la litigiosidad.
La iniciativa crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes obligatorios de empleadores: 1% de las contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en mipymes. El fondo será inembargable y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Según el texto, funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones, y la Anses dejará de percibir esos recursos.
También se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.
Licencias: gran polémica
El capítulo de licencias fue el más controvertido. El artículo 44 —ahora eliminado— disponía que, ante enfermedades o accidentes inculpables, el trabajador percibiera el 75% del salario si no existió conducta riesgosa y el 50% si la incapacidad derivaba de una actividad considerada riesgosa.
Aunque ese punto fue retirado, el proyecto mantiene mayores exigencias de control: certificados médicos más detallados, posibilidad de revisiones médicas solicitadas por el empleador y eventual intervención de juntas médicas, cuyo costo correrá por cuenta de la empresa.
Salarios y billeteras virtuales
Otro foco de debate es la posibilidad de acreditar salarios en billeteras virtuales reguladas por el Banco Central. El bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, anticipó que insistirá en reincorporar ese mecanismo, eliminado en el Senado tras objeciones de cámaras bancarias.
Sin embargo, desde La Libertad Avanza advirtieron que no están dispuestos a aceptar nuevas modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara Alta.
Jornada, banco de horas y vacaciones
La reforma no altera la jornada legal vigente, pero incorpora un “banco de horas voluntario”, que permitirá compensar horas extras con francos compensatorios, respetando los límites de descanso.
También habilita contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal y mayor flexibilidad en la organización laboral.
En cuanto a vacaciones, se mantiene el mínimo de 14 días, pero se permite fraccionarlas en períodos no menores a siete días corridos y acordar fechas fuera del esquema tradicional.
Convenios, aportes y derecho a huelga
El texto otorga prioridad a convenios por empresa o región sobre los sectoriales nacionales. Mantiene el aporte patronal del 6% a las obras sociales sindicales y una cuota sindical obligatoria con tope del 2% del salario mensual, incluso para trabajadores no afiliados.
Respecto del derecho a huelga, establece la obligación de garantizar un 75% de prestación en servicios esenciales y un 50% en actividades consideradas trascendentales durante medidas de fuerza. También regula asambleas en lugares de trabajo y exige un plan de ejecución tras la conciliación obligatoria.
En rechazo al proyecto, la Confederación General del Trabajo ratificó un paro general y movilizaciones.
Incentivos y cambios judiciales
La iniciativa incorpora un programa de regularización laboral con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes impagos para empresas que formalicen trabajadores, y crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 8% por cada nuevo empleado durante un año.
En el plano judicial, los acuerdos homologados ante autoridad laboral tendrán valor de sentencia firme y no podrán reabrirse. Además, se fijan topes a honorarios de abogados y peritos y se prevé una reorganización progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo.
