La investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en la empresa estatal ARSAT derivó en la detención de su ex titular, Facundo Leal, luego de que la Justicia encontrara más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas y otros elementos de interés durante allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.
El procedimiento principal se llevó a cabo en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde efectivos de la Policía Federal secuestraron más de 800 mil dólares, dinero en moneda nacional, billetes de distintos países y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA, cocaína y cannabis.
Posteriormente, un segundo allanamiento realizado en una vivienda de Mendoza permitió el hallazgo de otros 1,7 millones de dólares en efectivo, además de documentación y dispositivos electrónicos.
En total, la Justicia secuestró 2.591.354 dólares cuya procedencia aún no fue justificada por el ex funcionario, quien al ser consultado manifestó desempeñarse actualmente como empresario agropecuario.
La causa se originó a partir de una investigación por el robo de equipamiento perteneciente a la Red Federal de Fibra Óptica en un depósito de San Fernando. Durante la pesquisa, los investigadores comenzaron a detectar presuntas irregularidades en la contratación de una empresa logística que tenía a cargo la operación del predio.
Según la investigación judicial, los contratos bajo sospecha habrían superado los 1,9 millones de dólares y se encuentran bajo análisis por posibles delitos de defraudación contra la administración pública, malversación de fondos, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La causa está a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y del fiscal Fernando Domínguez, con la participación de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
Leal, quien además se desempeñó posteriormente en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), integra el grupo de diez personas para las cuales la fiscalía solicitó declaraciones indagatorias en el marco de la investigación.
Los investigadores también analizan el contenido de teléfonos celulares secuestrados, donde habrían aparecido comunicaciones vinculadas al presunto circuito de pagos entre contratistas y funcionarios involucrados.
Fuente: Infobae y medios nacionales
