La séptima edición de Expo Cannabis reunió a empresas, científicos, profesionales, cultivadores y organizaciones sociales en La Rural. El encuentro puso en evidencia el crecimiento del sector, mientras persisten los reclamos por las dificultades de acceso al cannabis medicinal, las restricciones al cultivo y la criminalización de usuarios.
La comunidad cannábica volvió a mostrar su capacidad de organización en Buenos Aires con una nueva edición de Expo Cannabis, que concluyó este domingo en La Rural y reunió a distintos actores vinculados con la ciencia, la cultura, la producción y el activismo. La actividad formó parte de una agenda de encuentros desarrollados durante la última semana de octubre, en un contexto marcado por las demandas de reconocimiento de derechos y los cuestionamientos a las políticas públicas sobre drogas.
La séptima edición de la exposición convocó a empresas, investigadores, profesionales de la salud, cultivadores y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta incluyó productos para el cultivo, desarrollos tecnológicos, investigaciones científicas, asesoramiento profesional, música y espacios recreativos.
La agenda también contó con la High Times Medical Cannabis Cup y otras actividades vinculadas con la cultura cannábica, que contribuyeron a visibilizar la diversidad de un sector que abarca mucho más que el consumo recreativo de marihuana.
Ciencia, producción y organización social
La exposición permitió mostrar el desarrollo de una comunidad que construyó conocimientos, redes de colaboración y espacios de intercambio alrededor del cannabis. La participación de profesionales, investigadores, comunicadores y empresarios reflejó la variedad de actividades que se despliegan en torno a la planta.
Sin embargo, detrás de la dimensión comercial y de las novedades tecnológicas, las organizaciones sociales continúan desempeñando un papel central. Asociaciones de usuarios, agrupaciones de cultivadores y colectivos vinculados con el cannabis medicinal sostienen espacios de acompañamiento, difunden información y promueven debates sobre el acceso y la regulación.
Para estos sectores, la organización colectiva constituye una herramienta para defender derechos, compartir experiencias y reclamar respuestas institucionales ante las dificultades que todavía enfrentan usuarios y pacientes.
REPROCANN y las dificultades para ejercer los derechos
A pesar de los avances normativos registrados en los últimos años, persisten obstáculos para acceder al cannabis medicinal y desarrollar determinadas prácticas de cultivo dentro del marco legal.
Entre los principales temas de debate se encuentra el funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), el sistema de registro vinculado con el acceso al cultivo controlado con fines medicinales y terapéuticos.
Las dificultades administrativas, las demoras y las restricciones que afectan a usuarios y cultivadores forman parte de los reclamos del sector, que sostiene que el reconocimiento normativo debe traducirse en condiciones concretas para ejercer los derechos.
En ese escenario, las organizaciones de la sociedad civil continúan brindando acompañamiento e información y sosteniendo demandas que, según denuncian, no encuentran respuestas suficientes en las políticas públicas.
La criminalización y el impacto desigual de las políticas de drogas
Otro de los ejes centrales del debate es la persistencia de intervenciones policiales vinculadas con la tenencia y el consumo de cannabis. Organizaciones sociales cuestionan que estas prácticas puedan derivar en situaciones de hostigamiento y persecución, especialmente en barrios populares y entre jóvenes de sectores históricamente marginados.
Entre los casos señalados por vecinos y colectivos sociales aparecen los operativos denominados “Tormenta Negra”, cuestionados por presuntas prácticas de vigilancia y hostigamiento. Las denuncias se inscriben en una discusión más amplia sobre los criterios utilizados en los procedimientos policiales y el impacto desigual de las políticas de drogas.
En este marco, un informe presentado en octubre de 2026 por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en el Mantenimiento del Orden advirtió sobre los efectos de los estereotipos raciales en las prácticas policiales.
De acuerdo con el documento citado en el material de referencia, en Argentina los prejuicios que asocian a jóvenes racializados con las drogas y la criminalidad pueden contribuir a una vigilancia policial excesiva y a mecanismos de control selectivos, con riesgo de detenciones arbitrarias, particularmente en barrios marginados.
Estos cuestionamientos ponen el foco en la necesidad de analizar no solo las normas que regulan el cannabis, sino también su aplicación y las consecuencias que las intervenciones estatales tienen sobre distintos sectores de la población.
Una agenda que sigue abierta
La realización de Expo Cannabis y de otros encuentros durante octubre volvió a poner en primer plano la capacidad de organización de una comunidad que articula intereses científicos, medicinales, productivos, culturales y sociales.
Mientras el sector amplía sus espacios de participación y desarrolla nuevas iniciativas, las demandas por el acceso al cannabis medicinal, la regulación del cultivo y las garantías frente a la persecución continúan formando parte de la agenda pública.
El desafío, según los planteos de las organizaciones, consiste en reducir la distancia entre los derechos reconocidos por las normas y las condiciones reales para ejercerlos, con políticas que contemplen las necesidades de pacientes, usuarios, cultivadores y actores productivos.
La discusión sobre el cannabis en Argentina, así, excede el ámbito de una exposición o de una actividad económica: también involucra el acceso a la salud, las libertades individuales, la igualdad ante la ley y el alcance de las políticas de seguridad.
