El Gobierno nacional, las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes alcanzaron un acuerdo que contempla una recomposición salarial, una actualización presupuestaria para las casas de estudio y mejoras en las becas estudiantiles, según informó el Ministerio de Capital Humano.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales del sector, y permitiría desactivar las medidas de fuerza que habían sido anunciadas para los próximos días.
Entre los principales puntos del acuerdo, el Poder Ejecutivo se comprometió a transferir fondos destinados a incrementar la masa salarial universitaria en un 24,33 por ciento.
El aumento se aplicará en dos tramos: un 21,33 por ciento en junio sobre los salarios vigentes a mayo y un 3 por ciento adicional en octubre, calculado sobre los haberes de septiembre.
Además, se dispuso una actualización del 20 por ciento en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales a partir de junio. También se anunció una ampliación de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios durante 2026.
En materia estudiantil, el acuerdo prevé una suba del 50 por ciento en las Becas Manuel Belgrano desde junio, mientras que se garantizarán los fondos destinados a la capacitación de los trabajadores docentes y no docentes.
La reunión en la que se terminó de sellar el acuerdo se desarrolló en el Palacio Sarmiento y fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes sindicales.
“Queremos dejar atrás el conflicto y enfocarnos en lo que corresponde: dar clases, recuperar los días perdidos y normalizar la situación de las universidades”, expresó Álvarez tras el encuentro.
Si bien el incremento salarial acordado es valorado como un avance, desde distintos sectores docentes señalaron que aún no compensa completamente la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
Por otra parte, el acuerdo no modificó la situación judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La demanda impulsada por las universidades para exigir el cumplimiento de esa norma continuará su curso en la Corte Suprema de Justicia, donde actualmente se encuentra bajo análisis.
Fuente Agencia DIB
