Historias clínicas, estudios, certificados de discapacidad y copias de DNI podían consultarse públicamente en expedientes vinculados a compras y prestaciones de la obra social.
El PAMI quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que se detectara la exposición pública de información médica sensible de afiliados en distintos expedientes publicados en su sitio web.
La denuncia fue difundida por Chequeado y advierte que, dentro del sistema de compras de las Unidades de Gestión Local (UGL), podían encontrarse documentos con nombres completos, números de DNI, diagnósticos médicos, historias clínicas, resultados de estudios y certificados de discapacidad de jubilados y pensionados.
Según el relevamiento, la información estaba disponible sin restricciones de acceso, lo que implicaría una vulneración tanto de la Ley de Derechos del Paciente como de la Ley de Protección de Datos Personales.
Entre los casos detectados figuran expedientes de distintas provincias donde se adjuntaron estudios clínicos completos, tratamientos médicos e incluso copias de documentos nacionales de identidad. En algunos archivos también aparecían imágenes médicas y fotografías vinculadas a patologías de pacientes.
Desde el organismo reconocieron la situación y señalaron que se trata de “una anomalía grave y absolutamente contraria a los protocolos y estándares de protección de datos vigentes”.
Además, indicaron que se dispuso la baja inmediata de los expedientes comprometidos y la apertura de sumarios administrativos para determinar responsabilidades.
Especialistas en protección de datos remarcaron que la legislación argentina considera a la información sanitaria como “dato sensible”, por lo que su tratamiento y difusión requiere resguardos especiales y, en la mayoría de los casos, consentimiento expreso de los titulares.
Alejandro Segarra, codirector de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), sostuvo que el Estado “no debe difundir datos sensibles de los ciudadanos” y explicó que cualquier publicación de este tipo debería garantizar procesos de anonimización para evitar la identificación de las personas afectadas.
La situación genera preocupación por el alcance de la filtración y por el manejo de información privada de millones de afiliados de la principal obra social del país.
