El Gobierno nacional avanza en la reglamentación de la reforma laboral con el objetivo de oficializarla durante abril, en medio de los amparos judiciales que frenaron parcialmente su aplicación. Desde la Casa Rosada aseguran que no habrá cambios de fondo en el contenido de la ley y que la estrategia apunta a sostener su implementación sin retrocesos.
La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, ya ingresó en su etapa final dentro del circuito administrativo. El decreto reglamentario de la Ley 27.802 —sancionada por el Congreso a fines de febrero— se encuentra en proceso de elaboración con intervención de distintas áreas del Ejecutivo.
Según fuentes oficiales, la decisión política es no “morigerar” ninguno de los puntos centrales de la reforma pese a las presentaciones judiciales en curso. En ese sentido, la reglamentación buscará reforzar los aspectos más cuestionados para evitar nuevos frenos en la Justicia.
La estrategia legal es coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, con el objetivo de concentrar las demandas en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, unificar los casos para que la discusión escale hasta la Corte Suprema.
El proceso de reglamentación involucra a las áreas de Desregulación y Transformación del Estado, Economía y Trabajo, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tendrá un rol clave en la implementación de aspectos vinculados a la registración laboral y a las obligaciones de la seguridad social.
Entre los puntos que deberán definirse por vía reglamentaria, se encuentran los mecanismos de pago para prestaciones sin relación de dependencia, contemplados en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, el artículo 52 delega en ARCA la normativa sobre registración, mientras que el artículo 92 ter prevé que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial sean establecidas por esta vía.
En el oficialismo sostienen que el objetivo es dotar a la reforma de mayor solidez jurídica frente a las impugnaciones, en un contexto donde la disputa por su aplicación ya se trasladó al ámbito judicial.
Fuente TN
