El Tribunal Oral Federal Número 4 de Comodoro Py dictó este lunes una condena de cinco años de prisión efectiva para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y para el exsecretario de Obras Públicas, José López, tras encontrarlos penalmente responsables del delito de cobro de coimas y malversación de fondos públicos en el marco del Caso Skanska.
Los magistrados Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Íñiguez consideraron plenamente probado que los exfuncionarios kirchneristas percibieron sobornos millonarios por parte de la constructora de origen sueco para direccionar y adjudicar de forma fraudulenta las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur durante el año 2004, convirtiéndose este expediente en el primer gran escándalo de corrupción estructural de la era kirchnerista.
El dictamen judicial se dio a conocer al mediodía mediante una audiencia virtual debido a que ambos condenados se encuentran privados de la libertad cumpliendo otras penas previas por causas de corrupción, registrándose que De Vido escuchó la sentencia desde su arresto domiciliario en la localidad de Zárate mientras que López lo hizo desde el penal federal de Ezeiza.
La investigación penal determinó que la firma multinacional no solo sobrefacturó los costos de los tendidos energéticos en complicidad con otras empresas competidoras, sino que además montó una compleja estructura de evasión utilizando facturas falsas emitidas por más de 20 sociedades fantasma para ocultar el flujo del dinero negro y justificar la salida de los activos ilegales desde las arcas del Estado Nacional.
La prueba documental y jurídica fundamental que permitió destrabar el esquema de impunidad tras más de dos décadas de trámite judicial consistió en una grabación interna de la propia compañía constructora, donde un exejecutivo de la filial admitía explícitamente el pago de los retornos comerciales a los funcionarios de Planificación Federal a cambio de garantizarse los contratos de obra civil.
Al momento de elevar la causa a juicio oral, la Justicia Federal había dejado asentado que estas maniobras delictivas combinadas entre el sector privado y las altas esferas del poder político generaron un perjuicio económico millonario e irreparable para el patrimonio público, extrayendo recursos estatales de forma ilegal para el beneficio patrimonial de los imputados.
Fuente: TN
