El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una inusual observación sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos en Argentina, al señalar debilidades en los sistemas de declaración de bienes y en las herramientas de prevención de la corrupción.
La advertencia quedó plasmada en el informe correspondiente a la segunda revisión del acuerdo firmado entre el organismo internacional y el Gobierno nacional, instancia que permitió destrabar un desembolso de 1.050 millones de dólares para el país.
En el documento, el FMI sostuvo que los regímenes de declaración patrimonial presentan limitaciones vinculadas a la escasa verificación de la información, la falta de transparencia, la publicación tardía de los datos y una aplicación desigual de los controles.
Además, el organismo remarcó que persisten preocupaciones respecto a la independencia judicial y a la rendición de cuentas de los altos funcionarios públicos, al advertir que continúan registrándose demoras en causas de relevancia y dificultades para garantizar mecanismos efectivos de control.
El señalamiento se produce en medio de la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para presentar su declaración jurada patrimonial. Si bien la normativa vigente establece como fecha límite el próximo 31 de julio, el tema generó debate luego de que el presidente Javier Milei anticipara semanas atrás que esa presentación sería inminente.
Según el FMI, fortalecer los sistemas de control patrimonial y mejorar los mecanismos de transparencia son aspectos fundamentales para consolidar la gobernanza institucional y reforzar la confianza pública.
Se trata de una observación poco habitual en los informes del organismo sobre Argentina. Aunque el FMI cuenta desde 2018 con un marco específico para evaluar cuestiones vinculadas a la gobernanza y la corrupción, no suele realizar referencias tan directas sobre la rendición de cuentas de funcionarios en ejercicio.
El planteo aparece en un contexto en el que el Gobierno nacional busca mostrar avances en materia fiscal y económica, mientras el organismo internacional pone el foco también en aspectos institucionales vinculados a la transparencia y el control del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos.
