La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave en la regulación tecnológica al poner en consulta pública un proyecto de reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en los tribunales. La iniciativa busca modernizar los procesos judiciales, pero fijando límites estrictos para evitar que las máquinas reemplacen las decisiones humanas.
Bajo la premisa fundamental de que la función jurisdiccional es absolutamente indelegable e insustituible, el máximo tribunal bonaerense determinó que bajo ninguna circunstancia se podrá dejar en manos de sistemas automatizados la toma de decisiones, la valoración de las pruebas presentadas o la elaboración del razonamiento jurídico de las sentencias.
La resolución de la Corte también contempla la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial. Este nuevo organismo interno tendrá la tarea específica de supervisar la incorporación progresiva de estas herramientas en la administración de justicia, garantizando un marco ético, seguro y respetuoso de los derechos constitucionales.
El documento oficial subraya que el uso de estas plataformas de asistencia técnica no exime a los magistrados, funcionarios o agentes de la responsabilidad legal sobre los fallos. El personal judicial estará obligado a ejercer un control sustantivo, riguroso y debidamente documentado sobre cualquier resultado o borrador obtenido mediante soporte digital.
Asimismo, el tribunal prohibió expresamente a todos sus integrantes la utilización de chatbots de acceso gratuito o comercial —como es el caso de ChatGPT— para el tratamiento de información judicial sensible o causas en trámite. La restricción busca blindar el secreto de sumario y evitar que datos personales sean filtrados para entrenar modelos comerciales fuera del control del Estado.
Si bien la Corte reconoció el valor de la IA para agilizar tareas administrativas, la sistematización de jurisprudencia y la reducción de barreras lingüísticas o geográficas, advirtió sobre los peligros latentes de la tecnología. Entre los principales riesgos, señalaron la posibilidad de reproducir sesgos ideológicos, arrastrar errores procesales o generar contenidos inexactos.
El proyecto de reglamento inédito en el país permanecerá sometido a una consulta participativa y abierta hasta el próximo 7 de agosto. Durante este período, magistrados, abogados, universidades y ciudadanos interesados podrán ingresar al sitio web oficial de la Suprema Corte para presentar observaciones y sugerencias mediante un formulario digital.
Fuente: Agencia DIB
