La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires ratificó los procesamientos del anestesista Hernán Boveri y de la exresidente Delfina “Fini” Lanusse. Ambos profesionales de la salud están acusados de liderar una organización dedicada a sustraer potentes sedantes de un hospital para utilizarlos en encuentros clandestinos denominados «Propofest».
El tribunal de alzada resolvió, en un fallo dividido, mantener la imputación contra Boveri por el delito de administración fraudulenta en calidad de autor, mientras que Lanusse quedó señalada como coautora y partícipe secundaria. Pese a la gravedad de los cargos en su contra, los médicos continuarán el proceso en libertad, aunque con una prohibición estricta para salir del país.
La investigación penal preparatoria se originó a partir de una tragedia que conmocionó al ámbito sanitario. El caso salió a la luz tras el hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar en su departamento, quien según los investigadores de la causa judicial se perfilaba como el principal organizador de estas peligrosas reuniones de consumo recreativo.
La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que los acusados habrían aprovechado sus posiciones estratégicas dentro del área de anestesiología del Hospital Italiano. Mediante esa condición, lograron vulnerar de forma sistemática los rigurosos controles de stock de la farmacia interna para retirar ilegalmente ampollas de propofol y fentanilo.
En el marco del expediente se ordenaron múltiples allanamientos en domicilios particulares y en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Durante los operativos policiales, los peritos secuestraron cajas con instrumental clínico, jeringas, agujas descartables y decenas de ampollas con sedantes de uso estrictamente quirúrgico.
El tribunal también decidió rechazar los planteos presentados por los abogados defensores, manteniendo firmes los embargos económicos millonarios dictados en primera instancia. La inhibición de bienes alcanza la suma de 70,9 millones de pesos para el anestesista Boveri, mientras que para la exresidente Lanusse se fijó un piso de 30,9 millones de pesos.
Para avanzar hacia la etapa de juicio oral, la Cámara de Apelaciones ordenó la realización de una serie de peritajes tecnológicos decisivos sobre los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. Asimismo, se dispuso un estudio contable integral para determinar el perjuicio patrimonial exacto que sufrió la institución médica afectada.
Fuente: Página/12
