Un informe del Centro de Estudios Metropolitanos revela que el 43,3% de los trabajadores urbanos carece de derechos laborales. Los asalariados concentran el grueso del problema y casi la mitad de ellos se desempeña en empresas que sí están registradas ante el Estado.
El análisis del CEM propone desarmar los mitos comunes de la informalidad para entender dónde se concentran los focos de evasión y cuáles son las herramientas necesarias para combatirlos de manera efectiva.
El verdadero mapa del empleo no registrado
El documento traza una distinción técnica crucial entre los cuentapropistas e independientes y el universo de los empleados en relación de dependencia:
- Los asalariados en el centro de la escena: Aunque la tasa de informalidad más alta se da entre los cuentapropistas (64,8%), los asalariados concentran el 61,7% del empleo informal total, debido a que representan a 7 de cada 10 ocupados en el sistema. El informe remarca que mientras el cuentapropismo arrastra un problema previsional y tributario personal, la informalidad asalariada es una elusión directa del empleador, por lo que este último segmento debe ser el objetivo prioritario de regularización.
- Evasión en empresas formales: Uno de los datos más disruptivos del informe señala que el 46,9% de los asalariados informales trabaja para empresas debidamente registradas que facturan y pagan impuestos, pero omiten declarar a su personal. En contraposición, solo el 21,4% se desempeña en unidades productivas totalmente clandestinas.
- El factor PyME: La informalidad tiene un fuerte componente de escala. El 68,9% de los asalariados no registrados se concentra en establecimientos de hasta diez trabajadores: las microempresas (hasta 5 personas) aglutinan el 40,9% y las pequeñas (entre 6 y 10 empleados) el 28% restante, replicando este patrón de manera uniforme en sectores como la construcción, el comercio y la gastronomía.
El contrapeso de la reforma laboral de 2026
El informe del CEM confronta de manera directa el diagnóstico de los datos con el rumbo normativo adoptado recientemente en el país. Los investigadores señalan que las herramientas más eficaces para el universo formal que evade son la fiscalización inteligente mediante el cruce de datos (ARCA, ANSES y la Secretaría de Trabajo) y, para las microempresas de subsistencia, el apoyo productivo condicionado a la registración.
El sesgo de las nuevas medidas: Según el documento, la reforma laboral aprobada en 2026 camina en el sentido opuesto a las evidencias. Al debilitar la responsabilidad solidaria en las cadenas de subcontratación, eliminar las multas por falta de registro e implementar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) sin una segmentación por tamaño de empresa, se diluyen los desincentivos a la evasión. El texto concluye que no es razonable promover la registración restando derechos —como extender el período de prueba a 12 meses en microempresas o habilitar el pago en 12 cuotas de las sentencias judiciales condenatorias—, sino que se requiere articular estímulos específicos para las PyMEs sin desproteger al eslabón más débil.
Fuente: Página/12
