En un nuevo paso de su estrategia para desfinanciar a las organizaciones gremiales, el Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto 612/2026 en el Boletín Oficial. La medida, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, modifica de manera unilateral un decreto vigente desde 1988 y recorta drásticamente la base de cálculo de los aportes y contribuciones derivados de los convenios colectivos de trabajo (Ley 14.250).
Desde el arco sindical advierten que esta resolución representa un ataque directo a las estructuras que sostienen la acción gremial, la asistencia social y la capacidad de resistencia de los trabajadores en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Un golpe al corazón del financiamiento paritario
La nueva normativa de la gestión libertaria restringe los recursos que las asociaciones sindicales perciben legítimamente a través de la negociación colectiva. Al redefinir la base imponible, el decreto excluye del cálculo a todos los componentes que hoy complementan el salario de bolsillo frente a la inflación:
Fuera las sumas no remunerativas: Se prohíbe computar los aportes sobre los incrementos no remunerativos, una herramienta clave que los gremios venían utilizando en paritarias para lograr parches económicos rápidos sin asfixiar de inmediato a las PyMEs.
Exclusión de conquistas laborales: El aguinaldo (SAC), las horas extras, los premios por productividad, el plus vacacional y la participación en las ganancias quedan totalmente afuera del cálculo de las cuotas sindicales.
Con esta quita, el Gobierno busca licuar los ingresos de los sindicatos, limitando su margen de acción y restándoles fuerza económica a la hora de sostener medidas de fuerza o campañas de visibilización en defensa del empleo.
Mayor control estatal sobre las conquistas sociales
El Decreto 612/2026 también pone la lupa sobre las contribuciones que los empleadores acuerdan con los gremios destinados a los servicios sociales de los afiliados. A partir de ahora, el Estado obligará a los sindicatos a crear estructuras contables paralelas y separadas para estos fondos, bajo el argumento de «auditar» que se destinen exclusivamente a obras sociales, previsión o cultura.
Para la dirigencia obrera, esta exigencia administrativa no busca la transparencia, sino imponer trabas burocráticas y un estricto control estatal sobre las cajas solidarias, debilitando la autonomía de los trabajadores para gestionar sus propios recursos y prestaciones de salud.
Fuente: Mundo Gremial
