Revés judicial para las organizaciones: habilitan al Gobierno a cerrar definitivamente el programa Volver al Trabajo

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado nacional a mantener vigentes los pagos del programa social «Volver al Trabajo», dejando al Ministerio de Capital Humano plenamente habilitado para discontinuar de forma definitiva esta asistencia estatal.

La resolución judicial anula un fallo previo dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había ordenado dar continuidad a las liquidaciones tras un amparo colectivo presentado por agrupaciones sociales ante la decisión inicial del Poder Ejecutivo de dar de baja el beneficio.

La medida impacta de forma directa sobre un universo estimado de 900.000 beneficiarios en todo el país, quienes percibían una contraprestación mensual de 78.000 pesos, una cifra que se encontraba congelada por determinación oficial desde diciembre de 2023.

Los camaristas Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández avalaron el planteamiento de la cartera que conduce Sandra Pettovello, argumentando que el plan original contemplaba un vencimiento técnico de 24 meses y respaldando la iniciativa oficial de reemplazar la asistencia monetaria directa por un sistema de vouchers destinados a la formación laboral.

Tras conocerse la sentencia de segunda instancia, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) emitió un duro comunicado de prensa en el que calificó al fallo de golpe criminal contra las familias más vulnerables de los barrios populares de la provincia.

La organización gremial denunció que la justicia priorizó los tecnicismos burocráticos y las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo por encima del carácter netamente alimentario que poseían dichos ingresos mensuales, advirtiendo que la eliminación total del programa empujará a la indigencia a casi un millón de hogares que utilizaban el monto como un complemento de subsistencia indispensable.

En este complejo escenario de alta tensión social, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, ratificó la profundización del plan de lucha de las organizaciones sociales y confirmó que acompañarán activamente la movilización de los jubilados al Congreso de la Nación prevista para el próximo miércoles 22 de julio.

Asimismo, el dirigente adelantó que el próximo 7 de agosto se llevará a cabo una masiva jornada nacional de protesta bajo la histórica consigna de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, al tiempo que articulan junto a la CGT y ambas CTA una futura movilización hacia las puertas del Ministerio de Economía de la Nación.

Fuente: Agencia DIB

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