La medida deja de compensar económicamente a las empresas de larga distancia por los boletos sin cargo destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. Aseguran que el beneficio seguirá vigente, pero las compañías deberán absorber el costo.
El Gobierno nacional eliminó el sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y representa un nuevo foco de tensión con organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad, que ya venían reclamando por recortes y demoras en prestaciones.
La normativa deja sin efecto el régimen de subsidios que compensaba parcialmente a las compañías por los boletos emitidos en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, que garantizan el derecho a viajar gratuitamente en servicios de transporte automotor de larga distancia.
Según argumentó el Gobierno, el nuevo esquema de “libertad tarifaria” implementado tras el Decreto 883/2024 modificó las condiciones económicas del sector y permite que las empresas puedan absorber esos costos dentro de su estructura financiera.
En los fundamentos de la resolución se sostiene que la desregulación del sistema habilita a los operadores a definir libremente recorridos, frecuencias, horarios y tarifas, por lo que “la causa estructural” que justificaba las compensaciones estatales “ha sido superada”.
De todos modos, desde el Ejecutivo aclararon que el beneficio para las personas alcanzadas por las leyes vigentes no se elimina y continuará siendo obligatorio para las empresas de transporte. La fiscalización quedará bajo control de Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que deberá supervisar el cumplimiento de la gratuidad.
La medida se conoce en un contexto de fuerte conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y organizaciones vinculadas al área de discapacidad, que denuncian recortes, retrasos en pagos y dificultades crecientes para acceder a tratamientos y prestaciones.
Además, continúa la controversia por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y todavía sin aplicación efectiva por parte del Ejecutivo nacional.
Fuente: Página/12
