El Ejecutivo busca cumplir el fallo judicial sobre la Ley de Financiamiento Universitario y evalúa convocar a rectores en mayo, pero las partes están lejos de un acuerdo y crece la amenaza de una nueva movilización.
El financiamiento universitario volvió a instalarse como uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios. Desde la sanción de la ley que lleva ese nombre, la administración libertaria busca la manera de readaptar sus cifras para hacer frente al fallo judicial que exige su cumplimiento.
En ese marco, el oficialismo evalúa una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que deje conformes a ambas partes.
En fuentes del Ejecutivo sostienen que en febrero hubo un principio de acuerdo, atribuido al asesor presidencial Santiago Caputo, que aspiraba a recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025. Sin embargo, el entendimiento no prosperó. Desde el Salón Martín Fierro apuntan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizan de haber frenado el proyecto. En el entorno del legislador, en cambio, descartan esa versión y aseguran que las prioridades las define la Casa Rosada según sus propias necesidades.
«Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar; en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley», reconoció un referente del espacio libertario ante este medio.
La administración también presentó un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, con el que aspira a ganar tiempo. La maniobra se da en un contexto en que la inflación de marzo, ubicada en 3,4%, complicó los planes oficiales. Entre las alternativas que se barajan figura incluso avanzar por decreto.
Por su parte, las autoridades universitarias comienzan a impacientarse. Descartan la existencia de un acuerdo con el Ejecutivo y aseguran que en febrero «solo hubo un aviso». Entre sus reclamos principales figuran la falta de compensación por los puntos salariales perdidos en 2024 y la ausencia de proyección salarial para 2026.
Con ese escenario sobre la mesa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el lunes pasado con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien coordina la estrategia legal de la Procuración.
El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante de la era Milei, sigue presente entre los funcionarios, que aseguran que el problema tendrá solución. Sin embargo, el tiempo apremia: si la propuesta oficial no conforma a las autoridades universitarias, una nueva marcha podría materializarse en los primeros días de mayo.
Fuente: Agencia NA
