La Corte Suprema ordenó al Gobierno publicar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

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El máximo tribunal hizo lugar al reclamo de un ciudadano que solicitaba conocer los informes de las evaluaciones educativas realizadas en establecimientos salteños durante 2016 y 2017. La mayoría consideró que se trata de información pública y sostuvo que su difusión permite controlar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia educativa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional entregar y hacer públicos los resultados de los operativos de evaluación educativa Aprender y Enseñar correspondientes a todos los establecimientos de la provincia de Salta que participaron de las pruebas durante 2016 y 2017.

La decisión respondió a una demanda de acceso a la información pública presentada por un ciudadano, luego de que el entonces Ministerio de Educación se negara a entregar los informes completos bajo el argumento de que tenían carácter confidencial.

Al fundamentar su decisión, la mayoría del máximo tribunal sostuvo que la información en poder del Estado pertenece a la ciudadanía y que su acceso no puede depender de la voluntad de los funcionarios.

“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, señalaron los jueces.

El fallo fue firmado por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el planteo.

El reclamo que llegó a la Corte Suprema

La causa se inició en 2019, cuando Rafael Aurelio Argañaraz Olivero presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

El ciudadano solicitó la totalidad de los reportes de resultados de los establecimientos educativos e instituciones de Salta que habían participado de los operativos Aprender y Enseñar durante 2016 y 2017.

Sin embargo, la Secretaría de Evaluación Educativa rechazó entregar la documentación completa al considerar que los datos tenían carácter confidencial. Como alternativa, ofreció proporcionar información desagregada hasta el nivel municipal.

Frente a esa respuesta, el Estado nacional se opuso a la demanda y argumentó que la publicación de los resultados por escuela podía afectar los derechos de estudiantes, docentes y directivos.

Entre sus argumentos, advirtió que la información podía utilizarse para elaborar rankings de establecimientos y generar procesos de estigmatización en función del rendimiento académico y de las condiciones sociales, económicas y culturales de los alumnos y sus familias.

También sostuvo que la difusión de los datos podía perjudicar investigaciones estadísticas en curso.

En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. No obstante, la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó entregar los resultados sin excepciones, siempre que no se revelaran datos personales de estudiantes o docentes.

El Estado apeló y el expediente llegó finalmente a la Corte Suprema, que confirmó la obligación de proporcionar la información solicitada.

Los argumentos de la Corte: acceso a la información y control ciudadano

En su resolución, la mayoría del tribunal destacó que el acceso a la información pública constituye una herramienta fundamental para que la ciudadanía pueda conocer y controlar el funcionamiento de las instituciones estatales.

En ese sentido, sostuvo que el fundamento central de este derecho consiste en que cualquier persona pueda conocer cómo se desempeñan sus gobernantes y funcionarios.

Los jueces también remarcaron que los operativos Aprender y Enseñar no representan una concesión del Gobierno, sino que forman parte de obligaciones establecidas por normas constitucionales y legales.

Según el fallo, la publicación de los resultados por establecimiento educativo permite evaluar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de educación y verificar si se garantizan condiciones de igualdad real de oportunidades.

Además, señalaron que el acceso a esos datos permite controlar el cumplimiento del derecho de los pueblos originarios a recibir una educación bilingüe e intercultural, así como la obligación estatal de garantizar aprendizajes de calidad independientemente del origen social, la ubicación geográfica, el género o la identidad cultural de cada estudiante.

Qué datos deberán protegerse

La Corte también aclaró que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto y que deben establecerse mecanismos para proteger la intimidad y el honor de las personas involucradas.

Por ese motivo, la obligación de publicar los resultados no implica divulgar información personal que permita identificar a estudiantes, docentes o directivos.

Para la mayoría del tribunal, esa protección no justifica mantener bajo reserva la totalidad de los informes solicitados.

De esta manera, el máximo tribunal ratificó que el Estado deberá entregar los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar de 2016 y 2017 correspondientes a los establecimientos educativos de Salta, en una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el acceso a la información pública y la transparencia en el sistema educativo.

Fuente: TN

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