Un panorama de extrema gravedad institucional y vulnerabilidad social quedó al descubierto tras la presentación del último informe estadístico del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de la organización MuMaLá.
De acuerdo con los datos relevados en todo el territorio argentino entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026, se registraron un total de 127 femicidios consumados, una cifra alarmante que equivale a la pérdida de una vida de forma violenta cada 40 horas en el país.
El desglose técnico de los crímenes perpetrados durante el primer semestre del año detalla la existencia de 94 femicidios directos, 10 vinculados —cometidos para infligir daño psicológico a la madre—, 4 trans/travesticidios, 12 feminicidios vinculados a economías delictivas y el narcotráfico, y 7 suicidios femicidas.
El reporte arroja además un indicador paralelo que encendió las alertas de los colectivos locales: se contabilizaron 486 casos en grado de tentativa, lo que demuestra que se producen casi 4 intentos de asesinato por cada hecho consumado.
La radiografía de los agresores ratifica la tendencia histórica de que el ámbito doméstico constituye el espacio más inseguro para las mujeres, dado que el 67 por ciento de los ataques mortales se ejecutaron en el interior de la vivienda de la víctima o en el hogar compartido.
Asimismo, en seis de cada diez episodios criminales los victimarios formaban parte del círculo íntimo, tratándose de parejas actuales, exparejas o familiares directos que vulneraron las tramas de contención.
El documento pone un fuerte foco de cuestionamiento sobre la eficacia de las herramientas judiciales preventivas disponibles para el interior bonaerense y el país. Las estadísticas confirman que si bien el 9 por ciento de las víctimas fatales ya había radicado denuncias formales en sede policial o civil, el 75 por ciento de ese subgrupo contaba con órdenes de restricción de acercamiento y perímetros de exclusión vigentes al momento de ser asesinadas, medidas que resultaron insuficientes para garantizar su integridad.
Ante el desmantelamiento de áreas clave de asistencia, la vocera nacional de la organización, Victoria Aguirre, reclamó de manera urgente al Poder Ejecutivo la declaración de la Emergencia Nacional en Violencias de Género.
Desde el movimiento de mujeres sostienen que la medida resulta indispensable para la restitución prioritaria de los presupuestos económicos y los equipos humanos especializados, elementos vitales para brindar asistencia psicológica, legal y habitacional a las víctimas en los distritos.
