El máximo tribunal dejó firme la sentencia contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de la automotriz. La causa investigó el secuestro de 24 trabajadores de la planta de General Pacheco y la utilización de instalaciones de la empresa como centro clandestino de detención y tortura.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford Argentina, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La decisión representa un avance significativo en el reconocimiento judicial de la participación de sectores empresariales en el terrorismo de Estado y en la persecución de trabajadores y dirigentes sindicales durante aquellos años.
La causa investigó el secuestro de 24 trabajadores de la planta que la automotriz tenía en General Pacheco, partido bonaerense de Tigre. De acuerdo con lo acreditado en el expediente, 17 de ellos fueron privados ilegalmente de su libertad dentro de la propia fábrica y nueve permanecieron cautivos en un quincho que funcionó como centro clandestino de detención y tortura.
El fallo fue firmado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, junto con los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci. En disidencia se pronunció el ministro Carlos Rosenkrantz, quien consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar la participación personal de Müller en los hechos.
La responsabilidad de los directivos de Ford
La investigación judicial permitió reconstruir la colaboración entre integrantes de la estructura jerárquica de Ford y las fuerzas militares durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Entre los elementos incorporados a la causa se acreditó que desde la empresa se aportó información sobre trabajadores que posteriormente fueron secuestrados, se facilitó el funcionamiento de un espacio de detención dentro de la planta y se proporcionaron vehículos para los operativos represivos.
Los testimonios de las víctimas también permitieron establecer que, durante algunos secuestros, los represores exhibieron fotografías extraídas de los legajos laborales o carnets de identificación de la propia compañía.
En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares, y a dos exdirectivos de Ford: Héctor Sibilla y Pedro Müller.
En el caso de Müller, quien se desempeñaba como gerente de Manufactura en 1976, se impuso una pena de diez años de prisión.
Posteriormente, en septiembre de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y consideró acreditada la actuación conjunta entre directivos de la automotriz y las fuerzas armadas y de seguridad para perseguir a trabajadores, dirigentes gremiales y organizaciones sindicales.
Qué resolvió la Corte Suprema
Al confirmar la sentencia contra Müller, la mayoría del máximo tribunal sostuvo que la participación de civiles en delitos de lesa humanidad debe analizarse teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se desarrollaron los crímenes.
En ese sentido, recordó que el plan represivo de la dictadura también estuvo dirigido contra la actividad sindical y el movimiento obrero, con especial atención sobre los establecimientos industriales.
Los jueces también tomaron como referencia el informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que señala que más del 30% de las personas detenidas-desaparecidas eran obreros y que numerosos secuestros se produjeron en sus lugares de trabajo.
La postura mayoritaria contrastó con el voto en disidencia de Rosenkrantz, quien cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que no se había demostrado de manera suficiente la intervención personal de Müller en los secuestros y torturas.
Un fallo en un contexto de nuevas investigaciones
La resolución de la Corte se conoce en un momento en el que avanzan otras investigaciones judiciales sobre la responsabilidad de empresarios y directivos de compañías privadas durante la última dictadura.
Entre ellas se encuentran los juicios orales contra Emilio Parodi, exgerente de Molinos Río de la Plata, y Juan Ronaldo Tasselkraut, exdirectivo de Mercedes-Benz.
También continúan las investigaciones vinculadas con la apropiación de bienes de personas desaparecidas que estuvieron cautivas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La confirmación de la condena en la causa Ford constituye un antecedente relevante en el camino de reconstrucción de las responsabilidades civiles y empresariales durante el terrorismo de Estado y en la búsqueda de justicia para los trabajadores que fueron perseguidos por su actividad gremial.
Fuente: Página/12. Información de Luciana Bertoia.
