Internos presentaron una denuncia ante la Justicia de Quilmes contra exintegrantes de fuerzas de seguridad alojados en el penal y funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Acusan un supuesto esquema de narcotráfico, cobros ilegales, amenazas y malos tratos.
Internos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela realizaron una grave denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes contra exintegrantes de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas alojados en el Pabellón 1, además de funcionarios del penal.
Según la presentación, los denunciantes atribuyen a los acusados presuntos hechos de narcotráfico intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, torturas y tratos degradantes.
La denuncia, difundida por la Agencia DIB y basada en información de Noticias Argentinas, sostiene que dentro del pabellón funcionaría una organización denominada “La Comitiva” o “Los Limpiezas y Mantenimiento”, a la que los internos describen como una estructura con un supuesto “co-gobierno mafioso”.
Los denunciantes reclaman que la investigación sea realizada por una fuerza federal, como Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina, y solicitaron el allanamiento de oficinas y el secuestro de teléfonos y documentación que podría aportar elementos para esclarecer los hechos.
Una presunta organización dentro del penal
De acuerdo con la denuncia, estarían involucrados 16 internos que fueron integrantes de distintas fuerzas de seguridad y cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La presentación judicial describe distintos roles dentro de la presunta estructura, que incluirían supuestos responsables de la recaudación, distribución de drogas, vínculos con autoridades penitenciarias y maniobras relacionadas con traslados de detenidos.
También se denuncian presuntas prácticas destinadas a confiscar mercadería enviada por familiares de otros internos.
Acusan un circuito de drogas y cobros por internet
Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el supuesto ingreso, acopio y comercialización de estupefacientes dentro del Pabellón 1.
Los internos aseguran contar con registros que mostrarían el ingreso irregular de detenidos provenientes de otros sectores y la presunta distribución de drogas dentro del pabellón.
A esto se suma un supuesto sistema de cobros para acceder a internet mediante antenas Starlink. Según la denuncia, al menos dos antenas estarían bajo control de la organización y los detenidos deberían pagar entre $30.000 y $40.000 mensuales para utilizarlas.
La presentación sostiene además que quienes intentaron instalar una alternativa más económica habrían sufrido amenazas, agresiones y presiones para solicitar sus traslados.
También denuncian una “aduana” para los alimentos
Los internos señalaron además un supuesto monopolio en la venta de bebidas y alimentos dentro del pabellón.
En ese marco, denunciaron que una persona encargada de tareas de limpieza en el SUM de Visitas habría establecido una suerte de “aduana ilegal”, mediante la cual se exigiría a los detenidos entregar parte de los productos y alimentos que reciben de sus familiares.
Ahora será la Justicia de Quilmes la que deberá analizar la documentación y las pruebas aportadas, determinar si los hechos denunciados efectivamente ocurrieron y establecer eventuales responsabilidades penales.
La investigación deberá establecer, en particular, si existió una estructura organizada dentro de la Unidad 31 y si hubo participación o connivencia de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, tal como sostienen los denunciantes.
Fuente: Agencia DIB
