Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuestionaron la implementación de la reforma impulsada por la Nación y señalaron que no hubo inversión ni diálogo con las jurisdicciones. El sistema bonaerense cuenta actualmente con 648 plazas para 679 jóvenes privados de su libertad.
La discusión por la baja de la edad de punibilidad volvió a poner el foco sobre las condiciones del sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno nacional impulsa la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, desde la administración bonaerense advierten que la infraestructura disponible resulta insuficiente y que una ampliación del universo de jóvenes alcanzados por el sistema podría profundizar los niveles de ocupación.
El subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, José Zerillo, sostuvo que la Provincia no se opone a discutir la reforma, pero cuestionó que se pretenda avanzar con su implementación sin los recursos necesarios.
El funcionario planteó que el objetivo del sistema no debería limitarse al encierro, sino apuntar a que los jóvenes puedan reinsertarse en la sociedad a través de la educación, la formación y la recreación.
“No estoy de acuerdo con que un joven sufra en el encierro, con hacinamiento y más violencia”, sostuvo Zerillo, al advertir que esas condiciones también pueden afectar las posibilidades de reinserción una vez cumplida la medida.
648 plazas para 679 jóvenes
Actualmente, el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense dispone de 36 dispositivos y cuenta con 648 plazas para 679 jóvenes en condiciones de encierro.
Desde la Provincia advierten que una eventual incorporación de más jóvenes al sistema, producto de la reforma nacional, podría generar un escenario de mayor superpoblación.
En ese sentido, la ONG No Seas Pavote, que presentó un habeas corpus ante la Justicia, estimó que si el nuevo régimen hubiera estado vigente durante los últimos tres años, alrededor de 3.000 jóvenes más podrían haber atravesado situaciones de encierro.
La presentación judicial fue tomada por la jueza de menores Marta Pascual, quien suspendió la aplicación de la norma en la provincia de Buenos Aires.
Reclaman recursos para acompañar la reforma
Uno de los principales cuestionamientos de la Provincia está relacionado con los tiempos previstos para la implementación de la nueva normativa y la falta de recursos destinados a acompañarla.
Zerillo señaló que el Gobierno nacional pretende avanzar con la aplicación del nuevo régimen en un plazo de seis meses, mientras que, según su comparación, una reforma similar implementada en Chile contó con un período de aproximadamente un año y medio antes de entrar plenamente en vigencia.
Desde la administración bonaerense también remarcaron que se necesita incrementar no solamente la cantidad de plazas disponibles, sino también los equipos encargados del acompañamiento socioeducativo.
Obras y nuevas plazas en territorio bonaerense
La Provincia sostiene que durante los últimos años avanzó en la ampliación de la infraestructura destinada al sistema penal juvenil.
Uno de los principales proyectos es el Complejo Abasto, que contempla cinco módulos y una capacidad total de hasta 100 jóvenes privados de su libertad. El primer módulo ya fue inaugurado y permitió sumar nuevas plazas.
Además, se recuperaron 110 plazas en el predio de Virrey del Pino, anteriormente bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, y se proyecta sumar otras 50.
El gobierno provincial también anunció la incorporación de 254 nuevos agentes durante septiembre, que se sumarán a los 1.762 trabajadores que actualmente integran el sistema. Para enero de 2027 está prevista una nueva convocatoria para incorporar otros 524 agentes.
La mirada de una organización que trabaja con jóvenes
Desde la ONG No Seas Pavote, su presidenta, Gabriela Saliseo, planteó que la discusión sobre la seguridad debe incluir las condiciones sociales en las que crecen los jóvenes.
La organización trabaja desde 2008 con personas en situación de vulnerabilidad y actualmente acompaña a alrededor de un centenar de jóvenes con distintas problemáticas.
Saliseo cuestionó que la respuesta frente a los delitos cometidos por adolescentes se concentre exclusivamente en el castigo y sostuvo que resulta necesario discutir qué herramientas se ofrecen para que puedan construir un proyecto de vida.
“Si a un pibe no le ofrecés un espacio para desarrollar su proyecto de vida, es muy difícil que deje de ranchear en la esquina”, señaló.
La dirigente también consideró necesario revisar la percepción sobre la participación de jóvenes en los delitos. En ese sentido, citó un informe de la Comisión Provincial por la Memoria que ubica en 0,3% la incidencia de los robos cometidos por personas de edades tempranas sobre el total.
Seguridad y reinserción, en el centro del debate
El debate por la baja de la edad de punibilidad plantea así dos cuestiones que aparecen estrechamente vinculadas: la necesidad de garantizar seguridad y la capacidad del Estado para ofrecer respuestas que permitan reducir la reincidencia.
Desde la Provincia sostienen que cualquier modificación del régimen debe estar acompañada por infraestructura, personal capacitado y políticas de educación y reinserción.
La discusión continuará en un escenario en el que la Nación busca avanzar con la aplicación del nuevo régimen y la Justicia bonaerense analiza las condiciones concretas en las que podría implementarse.
Para los funcionarios provinciales y las organizaciones que trabajan con jóvenes, el desafío no se limita a determinar a qué edad una persona puede ser alcanzada por una sanción penal. También implica definir qué condiciones tendrá ese encierro y qué herramientas recibirá después para volver a la sociedad.
Fuente: Página 12
