La magistrada Marta Elba Pascual dispuso una suspensión preventiva por 60 días. Aseguró que su planteo no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad, sino la falta de infraestructura y recursos para implementar el nuevo sistema en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, explicó los motivos de su decisión y aseguró que su planteo está relacionado con las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el sistema.
La magistrada sostuvo que actualmente la Provincia no cuenta, según su evaluación, con la infraestructura, el personal especializado y los recursos suficientes para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad.
Pascual remarcó que la resolución no implica una oposición a la reducción de la edad de imputabilidad y que su preocupación está centrada en cómo se implementará el nuevo régimen.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”
En declaraciones radiales, la jueza sostuvo que conoce la problemática de los delitos cometidos por adolescentes, pero cuestionó que una modificación legal pueda implementarse sin contar previamente con las condiciones necesarias.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó Pascual.
En esa línea, hizo referencia a las condiciones de alojamiento y a las herramientas educativas y de asistencia disponibles para los adolescentes que eventualmente ingresen al sistema penal.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, expresó la magistrada.
Según su planteo, el Estado debe garantizar medidas de educación, capacitación y acompañamiento durante el período de privación de libertad para evitar que el paso por el sistema penal profundice las situaciones de vulnerabilidad.
La jueza rechazó las críticas a su resolución
La decisión de Pascual generó cuestionamientos, ante los cuales la magistrada aclaró que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años.
“Garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió frente a las críticas.
La jueza insistió en que su intervención busca que el nuevo régimen pueda aplicarse con los recursos necesarios y dentro de las condiciones que establece la normativa.
Por qué se suspendió la aplicación del nuevo régimen
La suspensión fue dispuesta a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
A partir de esa presentación, la magistrada ordenó suspender durante 60 días la implementación del nuevo régimen penal juvenil en territorio bonaerense.
Durante ese período, la Justicia buscará que las autoridades provinciales informen cuáles serán las condiciones concretas para poner en funcionamiento el sistema y qué recursos estarán disponibles.
Entre los aspectos señalados aparecen la disponibilidad de establecimientos adecuados, personal especializado y recursos materiales para atender a los adolescentes alcanzados por las nuevas disposiciones.
Un debate que excede la edad de imputabilidad
La decisión vuelve a poner en discusión uno de los principales aspectos vinculados con la implementación del Régimen Penal Juvenil: no solo quiénes podrán quedar alcanzados por el sistema, sino también qué condiciones tendrá el Estado para aplicar las medidas previstas.
La resolución de Pascual es de carácter preventivo y tiene una vigencia inicial de 60 días. Durante ese plazo se deberá avanzar en la evaluación de las condiciones de infraestructura y funcionamiento necesarias para la puesta en marcha del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA).
