La investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo técnico de alto impacto en los tribunales federales de Retiro.
Según los cálculos preliminares realizados por los investigadores en base a los resúmenes bancarios incorporados al expediente, el exfuncionario nacional registró consumos con tarjetas de crédito por un total de 139 millones de pesos entre diciembre de 2023 y marzo pasado, una cifra que superaría de forma holgada los salarios promedio que percibió en la función pública.
La causa judicial, delegada en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita con la supervisión del juez Ariel Lijo, avanzó de forma drástica tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal del entorno del exvocero presidencial.
Las alarmas de los peritos judiciales se encendieron al constatar que, mientras desempeñaba sus tareas gubernamentales con sueldos mensuales que oscilaron entre los 3,5 y los 7,6 millones de pesos hacia finales de su gestión, el volumen de gastos en plásticos rompió cualquier parámetro de proporcionalidad.
A la compleja ingeniería de los consumos personales se incorporaron las declaraciones testimoniales de empleados subordinados de la Jefatura de Gabinete.
Los testigos confirmaron ante la Justicia que el exfuncionario utilizaba habitualmente las tarjetas de crédito de su propio personal de confianza para realizar compras de alto valor —incluyendo insumos de videojuegos—, reintegrando posteriormente los montos de forma física en billetes de efectivo.
El frente judicial de Adorni también incluye sospechas sobre millonarias operaciones comerciales ejecutadas en dólares billete que nunca pasaron por los registros bancarios obligatorios.
Entre los hechos investigados se destacan el pago en efectivo de 245.000 dólares a un contratista para la refacción de una vivienda en el exclusivo barrio privado Indio Cua, además de facturaciones por unos 8 millones de pesos en artículos de blanquería abonadas bajo la misma modalidad marginal.
Por estas horas, la fiscalía se encuentra a la espera del informe pericial definitivo encomendado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAFI), organismo que sellará la suerte procesal del exjefe de ministros y de su grupo familiar.
En paralelo, la Justicia solicitó un peritaje técnico sobre la cotización histórica del Bitcoin para verificar la veracidad de los dichos de Adorni, quien justificó parte de su fortuna alegando ganancias por 300.000 dólares mediante inversiones en criptomonedas que mantuvo sin declarar.
Fuente: Infobae
