En Olavarría, el desarrollo de la causa es seguido con especial interés. Diego Wagner Clar, oriundo de nuestra ciudad, fue una de las víctimas fatales en el Atlántico Sur.
A casi nueve años de la trágica implosión del submarino ARA San Juan en el Atlántico Sur, el juicio oral que busca determinar las responsabilidades penales entró en su etapa de definiciones. Las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, en representación de 34 familias de los tripulantes fallecidos, solicitaron formalmente la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para los cuatro exjefes de la Armada imputados en la causa.
El pedido de condena recayó sobre el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa. Las letradas requirieron además una inhabilitación especial de diez años para el ejercicio de cualquier cargo público, bajo la calificación de estrago culposo agravado por muerte.
Por su parte, el abogado y padre de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, expuso una postura más severa al solicitar penas de entre siete y ocho años de prisión efectiva. Su acusación incluyó el cargo de abandono de persona, argumentando que los mandos navales dejaron a la tripulación sin auxilio en altamar tras recibir los primeros reportes de averías.
Al finalizar la jornada de alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, el presidente del cuerpo, Mario Reynaldi, introdujo una fuerte aclaración procesal. El magistrado advirtió que la actuación de las querellas particulares posee un carácter estrictamente adhesivo al del Ministerio Público Fiscal, por lo que los pedidos de penas que excedieran ese marco carecerían de eficacia jurídica.
Durante la argumentación técnica, la abogada Arias desarmó la estrategia de las defensas y explicó que la tragedia se debió a una imprudencia grave y sistemática por parte de los oficiales. Señaló que la comandancia no fue sorprendida por un desperfecto imprevisto, sino que la estructura militar convivió con las fallas técnicas del buque, las toleró de manera negligente y terminó por normalizar el riesgo objetivo.
En tanto, la abogada Carreras fue la encargada de aportar la reconstrucción humana del siniestro, describiendo las agónicas últimas 20 horas de la tripulación batallando contra el reingreso de agua y el humo en el interior del submarino. Asimismo, cuestionó la inacción del imputado Correa, quien atendió un llamado telefónico de auxilio en la madrugada del siniestro y decidió no activar ningún protocolo de emergencia en la base.
La imputación individualizada detalló que Villamide conocía los incidentes previos en las baterías, que Alonso firmó la orden de operaciones sin auditar el estado real de la nave y que López Mazzeo extendió la misión de patrullaje de forma riesgosa. A su vez, se acusó a Correa de haber modificado los protocolos de seguridad ampliando el intervalo de comunicación con el submarino a 48 horas.
El cierre de los alegatos estuvo marcado por la lectura de los 44 nombres de los marinos fallecidos en cumplimiento del deber. Las querellas concluyeron sus intervenciones exigiendo un veredicto ejemplar en los tribunales santacruceños, sentando el precedente institucional de que las vidas de los integrantes de las fuerzas armadas no son descartables bajo ninguna circunstancia.
