El Gobierno amplió de forma drástica el universo de actividades bajo revisión. Amparado en la caída de la «ultraactividad» para los aportes sindicales, busca imponer acuerdos por empresa y una fuerte descentralización del mapa gremial.
Desde la cartera que conduce Capital Humano argumentaron mediante un comunicado que la convocatoria busca «fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector». Sin embargo, el trasfondo de la medida hiere de muerte uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino.
El fin de la ultraactividad y el golpe a las cajas gremiales
El andamiaje legal que sostiene este llamado masivo se basa en la aplicación estricta de la nueva ley, la cual dinamitó de manera parcial el principio de ultraactividad. Históricamente, esta norma garantizaba que un convenio colectivo mantuviera su vigencia de forma indefinida una vez vencido, resguardando los derechos de los trabajadores y los acuerdos pactados hasta que ambas partes firmaran un nuevo texto.
Con el nuevo marco normativo, la ultraactividad sufrió una fractura tajante:
- Cláusulas normativas (Se mantienen): Aquellas pautas que regulan las condiciones directas de trabajo, tareas y categorías mantienen su vigencia para evitar que los empleados pierdan sus derechos adquiridos de forma automática en caso de que la negociación se estanque.
- Cláusulas obligacionales (Se caen): Todos los artículos que fijaban aportes especiales, contribuciones patronales extraordinarias y las denominadas «cuotas solidarias» —el porcentaje que se les descuenta a los trabajadores no afiliados y que financia las estructuras de los sindicatos— caducan inmediatamente al vencerse el plazo del convenio.
Los ejes de la nueva negociación colectiva
El llamado del Palacio de Hacienda y Trabajo se asienta sobre los decretos reglamentarios 407 y 408 publicados a comienzos de este mes, los cuales trazan la hoja de ruta para el nuevo modelo de empleo:
- Descentralización obligatoria: Se promueve de manera activa que las discusiones dejen de darse a nivel nacional o por ramas enteras de actividad, dándole prioridad absoluta a la firma de convenios por empresa, adaptados a la capacidad financiera de cada firma.
- Asfixia financiera: Al dejar caer los aportes extraordinarios de los convenios vencidos, el Gobierno utiliza la urgencia económica de los sindicatos como un mecanismo de presión para forzar la firma de nuevas condiciones de flexibilización y multifunción.
El dilema en los lugares de trabajo: Para los gremios, esta movida oficial representa el desafío más complejo en décadas. Las conducciones sindicales advierten que licuar los convenios por rama y habilitar la atomización empresa por empresa debilitará gravemente la capacidad de presión de los trabajadores, fragmentando los salarios de una misma actividad y abriendo la puerta a condiciones de contratación muy dispares según el tamaño de cada establecimiento.
Fuente: Agencia DIB
