El Ejecutivo ofrecería transferir fondos previstos en su proyecto de ley a cambio de que las universidades retiren la cautelar que debe resolver la Corte Suprema.
Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada la semana pasada, el Gobierno nacional avanza en negociaciones con las universidades para intentar desactivar el conflicto judicial por el financiamiento del sistema universitario público.
La propuesta oficial contempla transferir fondos previstos en el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para reformar el esquema de financiamiento universitario, a cambio de que las casas de estudio retiren la medida cautelar presentada ante la Corte Suprema.
Según trascendió, la iniciativa busca reducir el impacto fiscal de la normativa vigente y evitar un eventual fallo adverso que obligaría al Estado a desembolsar cerca de 2,5 billones de pesos.
Qué propone el Gobierno a las universidades
De acuerdo con fuentes oficiales, el Ejecutivo plantea reconocer únicamente la pérdida salarial de los docentes universitarios correspondiente a 2025, dejando afuera la recomposición vinculada al deterioro salarial registrado durante 2024.
El proyecto impulsado por el oficialismo establece además que la actualización salarial se realizaría en tres tramos, con aumentos del 4,1% calculados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.
La iniciativa también prevé convocatorias a paritarias cada tres meses, aunque no obliga a actualizar los salarios automáticamente según la inflación, como sí lo establece la ley actual.
Las negociaciones son encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
La cautelar que preocupa al Gobierno
La medida cautelar impulsada por las universidades reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que establece actualizaciones presupuestarias y salariales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En caso de que la Corte Suprema falle en contra del Gobierno, la administración nacional debería afrontar una erogación estimada en 2,5 billones de pesos.
Por ese motivo, el Ejecutivo busca cerrar un acuerdo extrajudicial que permita evitar una definición desfavorable en la Justicia.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal por parte del Gobierno.
Diferencias entre la ley vigente y el proyecto oficialista
Uno de los principales puntos de conflicto es que el proyecto oficialista omite la recomposición salarial correspondiente a 2024 y reduce el alcance de las actualizaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento.
La ley vigente contempla ajustes por inflación en áreas sensibles como hospitales universitarios, ciencia y técnica, mientras que la iniciativa del Gobierno solo prevé una actualización adicional si la inflación anual de 2026 supera el 14,5%.
No obstante, el proyecto sí incorpora una recomposición superior a los $80.000 millones destinada al sistema de salud universitario, uno de los sectores más afectados por el ajuste presupuestario y protagonista de los reclamos en las últimas movilizaciones universitarias.
