La entidad de prensa criticó las agresiones sufridas por Débora Plager y Marcelo Bonelli. Advirtió que la hostilidad desde la cima del Estado genera un clima de intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo.
El pronunciamiento de la entidad gremial empresaria pone el foco sobre el uso sistemático de las plataformas digitales del jefe de Estado para direccionar campañas de descrédito personal contra analistas de la actualidad política y económica.
1. Los casos que motivaron el repudio
El documento oficial de ADEPA detalló las situaciones puntuales de agresión que sufrieron los profesionales de los medios en los últimos días:
- El ataque a Débora Plager: La conductora de La Nación + y Radio Rivadavia fue blanco de graves acusaciones públicas desde la cuenta presidencial. Se la tildó de ser «cómplice de asesinato» debido a su postura editorial e ideológica favorable a la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
- La difamación a Marcelo Bonelli: Al histórico periodista de Clarín, Canal 13 y Radio Mitre se le atribuyó de manera pública y errónea haber difundido una información que, según corroboró la entidad, nunca existió ni fue publicada en sus espacios informativos.
- El caso Espert: La entidad sumó a las quejas una reciente publicación del Presidente en X donde se calificó la labor general del periodismo en términos netamente denigratorios en el marco de las repercusiones por las posturas del diputado oficialista José Luis Espert.
2. La postura institucional de las empresas de prensa
ADEPA trazó un límite conceptual claro entre lo que representa el legítimo derecho de réplica gubernamental y lo que constituye una campaña de hostigamiento dirigida a silenciar voces críticas:
El comunicado oficial: «La crítica y la réplica son parte del debate democrático. El insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía».
La organización de editores concluyó señalando que la asimetría de poder que existe entre el aparato comunicacional de la Casa Rosada y un periodista individual tiende a forzar mecanismos de censura indirecta y reduce los márgenes de auditoría periodística sobre la gestión pública.
Fuente: Agencia DIB
