Un análisis detallado de la iniciativa que busca reformar el Código Penal revela la falta de sustento empírico y un objetivo disciplinador. Expertos advierten que la medida busca restaurar la «pedagogía del silencio» en casos de violencia de género y abusos contra las infancias.
En un clima político marcado por el cuestionamiento a las políticas de género, el proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada y respaldado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico y los movimientos de derechos humanos. La iniciativa, que busca agravar las penas por «falsa denuncia» y «falso testimonio» en causas de violencia y delitos sexuales, es señalada como una herramienta de amedrentamiento más que de justicia.
La abogada especialista en Derecho Penal y políticas de género, Ileana Arduino, desarmó en diálogo con la prensa la arquitectura de este proyecto, calificándolo como parte de un «kit neoconservador» que busca obstruir el acceso a la justicia de mujeres e infancias.
El mito de la proliferación de denuncias falsas
Uno de los puntos más débiles del proyecto es su nulo sustento en la realidad estadística. Según datos del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, la falsa denuncia es un fenómeno marginal:
- De más de 8 millones de investigaciones analizadas en 17 jurisdicciones, las denuncias falsas representan apenas el 0,9%.
- Para Arduino, esto demuestra que no existe un «fenómeno criminal» de escala que justifique una reforma del Código Penal. Por el contrario, la narrativa de que «todas mienten» funciona como un refugio cultural para no abordar la violencia cotidiana.
La trampa de la prueba y el «calvario» judicial
Arduino subraya una confusión técnica que el proyecto utiliza a su favor: la diferencia entre mentir y no poder probar un hecho.
“Si en un juicio no se obtuvieron pruebas suficientes o el proceso duró tres años y la víctima decidió no seguir por cansancio, eso no significa que sea mentira; significa que no se probó”, explica la abogada.
El sistema judicial ya es percibido por las víctimas como un «calvario». Al introducir la amenaza de un contraproceso penal con penas agravadas, se obliga a las denunciantes a realizar un «cálculo de riesgo» antes de buscar protección. Si el Estado exige un acto heroico para denunciar, el resultado inevitable es el desaliento y la impunidad.
Contradicciones con la «Ley Lucio»
Resulta paradójico que los sectores que promovieron la Ley Lucio —que obliga a la sociedad a denunciar el maltrato infantil— hoy impulsen una norma que aterroriza a quien decide hablar. Arduino advierte que este proyecto desalienta el involucramiento comunitario: «¿Quién se va a involucrar en el acompañamiento de una víctima si la posibilidad es que termine en un proceso penal en su contra?».
El regreso del SAP y el «antifeminismo de Estado»
El trasfondo de la iniciativa también resucita el desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría que sostiene que las madres «implantan» falsos recuerdos en sus hijos para alejarlos de los padres. A pesar de que Naciones Unidas ha alertado que el uso del SAP viola convenciones internacionales, esta lógica subyace en la matriz del proyecto de Losada.
Para la especialista, este avance legislativo no es aislado: se inscribe en un «antifeminismo de Estado» que desprecia la vulnerabilidad y utiliza el derecho penal para disciplinar y restaurar el silencio en el ámbito privado.
📍 Puntos críticos del debate
- Dolo vs. Error: La falsa denuncia requiere intención de mentir; el proyecto borra la línea entre la falta de pruebas y la mala fe.
- Impacto social: El proyecto funciona como una «extorsión procesal» que favorece a los agresores.
- Seguridad jurídica: Se pone en riesgo a docentes, médicos y vecinos que denuncian de buena fe ante la sospecha de abuso.
Fuente: Diario Página/12
