La apertura de sobres corresponde a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones e incluye 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en Buenos Aires y La Pampa. Dos grupos quedaron mejor posicionados con las tarifas más bajas y resta la adjudicación final, en un proceso que no estuvo exento de polémica tras la impugnación del gobierno de Axel Kicillof.
El Gobierno nacional avanzó en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al abrir las ofertas económicas presentadas por las constructoras interesadas en obtener la concesión de corredores clave en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. La licitación, denominada Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, abarca un total de 1.871 kilómetros que incluyen las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, además de las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
En el tramo más extenso, de 1.325 kilómetros, que comprende las autopistas desde la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata, la oferta más competitiva fue presentada por el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, con una tarifa de peaje de 997 pesos más IVA. Con esa propuesta, el grupo dejó atrás a competidores históricos del negocio vial como los Roggio, Panedile y Cristóbal López, posicionándose como el principal candidato a quedarse con ese corredor.
En el segundo tramo, de 546 kilómetros sobre la ruta 5 entre Luján y Santa Rosa, la propuesta más económica fue de 2.355,37 pesos más IVA, presentada por Construcciones Electromecánicas del Oeste.
El proceso, sin embargo, no estuvo libre de controversias. El gobierno de Axel Kicillof impugnó la licitación a través de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), pero fue descalificado. Desde la provincia denunciaron además que su oferta económica se filtró antes de tiempo y anticiparon que la disputa continuará en la Justicia.
En un marco más amplio, la red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros en total. De ese universo, 10.000 ya estaban concesionados y otros 9.000 se encuentran actualmente en proceso de privatización. Para el resto, el Gobierno nacional autorizó recientemente a nueve gobernadores aliados a cobrar peajes en esos caminos con el objetivo de garantizar su mantenimiento y viabilidad.
Fuente: Agencia DIB
