La esposa del presidente está acusada de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. También fueron procesados su asesora en Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés. La Justicia investiga el uso de recursos públicos para fines privados.
La instrucción que mantenía en vilo a la política española ha culminado en una resolución contundente. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el proceso penal contra Begoña Gómez siga adelante, sumando cargos de extrema gravedad como malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
La medida también alcanza a su asesora en el Palacio de la Moncloa, María Cristina Álvarez, y al empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés, marcando un hito en las investigaciones sobre el entorno directo del presidente Pedro Sánchez.
Los cargos y los implicados
El juez ha estructurado el procesamiento en base a cuatro delitos principales, distribuyendo las responsabilidades de la siguiente manera:
- Begoña Gómez y María Cristina Álvarez: Procesadas por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
- Juan Carlos Barrabés: Procesado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios (quedando sobreseído del cargo de intrusismo profesional).
Los ejes de la acusación
La investigación sostiene que, desde 2018, se montó una red para expandir la influencia profesional de Gómez utilizando la estructura del Estado:
- La asesora en Moncloa: Se investiga si María Cristina Álvarez, con un sueldo público que supera los 360.000 euros acumulados, trabajó en realidad para proyectos privados de Gómez, dándoles una «apariencia institucional» ante empresas y universidades.
- El software de la Complutense: La pieza central es la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Según la Justicia, Gómez habría registrado a su nombre marcas y dominios web desarrollados con fondos de empresas como Google, Telefónica e Indra, causando un daño patrimonial a la universidad de al menos 108.000 euros.
- Las cartas de recomendación: Se analiza si Gómez firmó cartas de apoyo para que las empresas de Juan Carlos Barrabés ganaran licitaciones públicas, a cambio de su colaboración en la cátedra.
¿Qué sigue ahora?
Tras el auto de procesamiento, se abre una ventana clave de cinco días para que todas las partes presenten sus escritos:
- Apertura de juicio: Las acusaciones deberán solicitar formalmente el inicio del juicio oral.
- Nuevas pruebas: El juez ha solicitado facturas adicionales a la empresa Lefebvre-El Derecho S.A. para terminar de trazar la ruta del dinero de la cátedra.
La postura de la defensa
El abogado de Begoña Gómez solicitó el archivo de la causa, argumentando que la cátedra no generó beneficios económicos para su representada y que las cartas de apoyo eran «procedimientos habituales». Sin embargo, el fiscal admitió que tras dos años de instrucción, existe un «relato fáctico articulado» que debe ser evaluado en un juicio.
Impacto político: El procesamiento llega en un momento de extrema debilidad para el Gobierno español en las encuestas, sumando una presión judicial sin precedentes sobre la figura de la pareja presidencial.
