La Justicia revocó una cautelar que frenaba el proyecto y el desarrollo vuelve a avanzar; residentes anticipan nuevas acciones legales.
La construcción de una torre de 35 pisos en la zona de Cabo Corrientes volvió a quedar habilitada tras un fallo judicial que levantó la medida cautelar que mantenía paralizada la obra desde el año pasado.
La iniciativa, impulsada por la firma Fiduciaria Paisajes Urbanos, prevé levantar un edificio de gran altura en una manzana ubicada entre Alem, Falucho, Aristóbulo del Valle y Gascón, en un sector tradicional de chalets históricos y a pocos metros del mar.
Desde la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvieron avanzar con el proyecto al considerar que no hay elementos suficientemente claros sobre irregularidades en el proceso de aprobación. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de revisar nuevamente la situación si se detectan incumplimientos, especialmente en materia ambiental.
“La ausencia de nitidez en los potenciales vicios es lo que impulsa a avanzar en sentido contrario a lo resuelto en primera instancia”, sostuvieron desde el tribunal.
Rechazo vecinal y denuncia penal
Del otro lado, vecinos y organizaciones como Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina ratificaron su rechazo y adelantaron que continuarán el reclamo judicial.
La abogada Soledad Arenaza, representante de los demandantes, cuestionó la magnitud del emprendimiento y denunció un “abuso del Código de Preservación Patrimonial”.
“Donde se podían construir 5000 m² proyectan un negocio de 35.000 m²”, afirmó.
Además, advirtió sobre el impacto urbano del edificio, que alcanzaría unos 130 metros de altura:
“En un lote vivirá la gente que hay en 10 manzanas del barrio Stella Maris”.
Entre los principales cuestionamientos, los vecinos mencionan:
Posible cono de sombra sobre la costa y la playa
Falta de documentación catastral completa
Irregularidades en la aprobación de excepciones urbanísticas.
Cuestionamientos al estudio de impacto ambiental
En paralelo, presentaron una denuncia penal contra el arquitecto Ricardo Rodríguez, a quien acusan de haber intervenido en el proyecto sin matrícula vigente, lo que podría configurar un delito de usurpación de título.
La postura del desarrollador
Desde Fiduciaria Paisajes Urbanos rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del proyecto. Aseguraron que todas las actuaciones administrativas están en regla y que la ordenanza que autoriza la obra “se encuentra vigente”.
También sostuvieron que el arquitecto cuestionado cuenta con título válido y que su baja de matrícula responde a su jubilación, no a una inhabilitación profesional.
Un conflicto abierto
El proyecto, que incluye la preservación de un chalet histórico como La Robla chalet histórico, se convirtió en uno de los desarrollos urbanísticos más controvertidos de la ciudad.
Con la cautelar levantada, la obra puede avanzar, pero el conflicto está lejos de cerrarse: los vecinos anticipan que llevarán el caso hasta las últimas instancias judiciales para intentar frenar definitivamente la construcción.
Fuente La Nación
