El Gobierno nacional endureció su postura frente a los cuestionamientos al capítulo de licencias por enfermedad y confirmó que no introducirá modificaciones al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado. La Casa Rosada busca acelerar el trámite parlamentario para lograr la sanción definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias y evitar que el proyecto regrese a la Cámara alta.
Según fuentes oficiales, el objetivo del Ejecutivo es promulgar la iniciativa antes del 1° de marzo. Para ello, la mesa política de Nación trabaja en un cronograma ajustado que contempla la convocatoria a un plenario de comisiones en los próximos días.
La polémica se profundizó tras declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ejemplificó el alcance del artículo vinculado a licencias con lesiones derivadas de actividades voluntarias, como la práctica deportiva. En el oficialismo reconocen que el tema generó tensiones internas, aunque remarcan que la decisión de avanzar sin cambios ya está tomada.
Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que la reforma no elimina la cobertura por enfermedad, sino que redefine porcentajes salariales y establece límites temporales. Además, argumentan que el régimen vigente permitió abusos en el uso de licencias, motivo por el cual consideran necesaria la modificación.
El artículo incorporado en el Senado reduce el porcentaje del salario durante las licencias pagas por enfermedades o accidentes no laborales y fija nuevos plazos: hasta tres meses para trabajadores sin cargas de familia y hasta seis meses para quienes sí las tengan.
El texto elimina el pago del 100% del sueldo y la extensión de hasta 12 meses prevista actualmente para empleados con más de cinco años de antigüedad.
La iniciativa también introduce requisitos formales, como la obligatoriedad de certificados médicos digitales emitidos por profesionales habilitados, y habilita a los empleadores a realizar controles propios. En casos particulares, se prevé la intervención de juntas médicas oficiales.
Pese a la postura firme del Ejecutivo, el capítulo genera resistencia en bloques aliados, que analizan impulsar cambios en Diputados. Legisladores advierten que la reducción del ingreso podría afectar situaciones de enfermedades graves y anticipan un posible aumento de la judicialización.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en avanzar sin modificaciones y apuesta a cerrar el debate legislativo en las próximas semanas.
