La mortalidad infantil volvió a aumentar en la Argentina durante 2024 y encendió una señal de alerta en materia sanitaria y social. Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), analizados en un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), la tasa pasó de 8 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 8,5 en 2024, lo que representa un incremento del 6,25%.
Se trata del mayor aumento porcentual registrado desde 2002 y coincide con el primer año completo de gestión del presidente Javier Milei, marcando un quiebre en la tendencia descendente que, con altibajos, se había sostenido durante más de dos décadas.
De acuerdo al informe, la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles para evaluar las condiciones de vida de la población y el desempeño de las políticas públicas, especialmente en materia sanitaria, social y económica. Su evolución refleja tanto la calidad del sistema de salud como el grado de equidad social y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
En ese sentido, el trabajo remarca que la experiencia histórica argentina muestra que los períodos de expansión del empleo, fortalecimiento del sistema sanitario y ampliación de políticas sociales estuvieron asociados a descensos sostenidos del indicador, mientras que los ciclos de ajuste económico coincidieron con estancamientos o aumentos.
Durante el período 2003-2015, la tasa de mortalidad infantil se redujo un 42%, acercándose a los niveles de países desarrollados. Esa tendencia se interrumpió en 2019 y, tras la pandemia, el indicador se mantuvo relativamente estable hasta el fuerte salto registrado en 2024.
Fuertes desigualdades entre provincias
El aumento no fue homogéneo en todo el país. Solo 9 de las 24 jurisdicciones lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que en 15 provincias la mortalidad infantil creció. En cuatro de ellas el incremento superó el 10% respecto de 2023 y en otras cuatro fue superior al 20%, lo que evidencia profundas desigualdades territoriales.
El análisis por componentes muestra que la suba se explica casi exclusivamente por el aumento de la mortalidad neonatal, es decir, las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida. Este indicador pasó de una tasa de 5,5 en 2023 a 6 en 2024, mientras que la mortalidad posneonatal se mantuvo estable en 2,5.
La mortalidad neonatal concentra cerca del 60% de las muertes infantiles y está estrechamente vinculada al acceso a controles durante el embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido.
Debilitamiento de políticas sanitarias
El informe advierte sobre un debilitamiento de las políticas de salud perinatal en los últimos dos años, con impacto directo en la atención de personas gestantes y recién nacidos. Entre los puntos señalados se destacan el deterioro del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la suspensión de la provisión nacional de medicamentos críticos —como surfactante pulmonar y gammaglobulina anti-RH— y la discontinuidad del Programa de Sueño Seguro, destinado a prevenir la muerte súbita del lactante.
Estas decisiones, aseguran, generaron fragmentación, quiebres de stock e inequidades entre provincias, según la capacidad de respuesta de cada sistema sanitario.
En las conclusiones, la Fundación Soberanía Sanitaria sostiene que el aumento de la mortalidad infantil en 2024 no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como una señal temprana de las consecuencias sanitarias del contexto de ajuste económico, deterioro de las condiciones de vida y retracción del Estado.
“El empeoramiento del empleo y el aumento del desempleo dificultan el acceso al sistema de salud y reducen los controles durante el embarazo, especialmente en los sectores más vulnerables”, advierte el informe, y remarca la necesidad urgente de revisar las prioridades en materia de política sanitaria y social.
Fuente: Agencia DIB
