La Ley 25.673 inició el proceso que derivó en logros como como la primera compra nacional de métodos anticonceptivos, la sanción de las leyes de Anticoncepción Quirúrgica y de Educación Sexual Integral, la creación del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia y la sanción de la ley que reconoce las violencias obstétrica, contra la libertad reproductiva e institucional.

El acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la línea telefónica que asesora sobre derechos sexuales y reproductivos, el trabajo en red de profesionales de la salud en las provincias y el monitoreo de la implementación de la ley de aborto legal son parte de los logros que definen los 20 años de la aplicación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en la Argentina.
La Ley 25.673, sancionada el 31 de octubre de 2002, reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas para garantizarlo.
A modo de balance, se realiza en Buenos Aires estos lunes y martes un encuentro federal, con participación de referentes de todo el país, para analizar los avances y desafíos del acceso al derecho.
«Las conquistas en la salud sexual y reproductiva son el resultado de la incidencia de los feminismos y movimientos de mujeres de todo el país, los primeros programas y leyes sobre este derecho fueron provinciales», dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de SSyR.
Durante la apertura del encuentro federal, que tuvo lugar en el Palacio San Martín, la directora de la Mujer y Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Silvina Montenegro, celebró que «los avances que realizó nuestro país en la temática, como la histórica sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia en diciembre de 2020, nos posiciona en un lugar de referencia entre los países que garantizan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar».

«Las conquistas en la salud sexual y reproductiva son el resultado de la incidencia de los feminismos y movimientos de mujeres de todo el país, los primeros programas y leyes sobre este derecho fueron provinciales»
Valeria Isla
En la Argentina, la historia de las políticas públicas sobre este derecho se inicia con el retorno de la democracia, en 1983. En 1986 se crea el Programa de Procreación Responsable de la ciudad de Buenos Aires, en 1987 el de Río Negro, y entre 1991 y 2001,14 provincias sancionan regulaciones propias.
Con la sanción de la ley nacional de SSyR, en 2002 se inicia un proceso donde se destacan -entre otros y en base a un informe oficial al que tuvo acceso Télam- hitos como la primera compra nacional de métodos anticonceptivos en 2002, la sanción de las leyes de Anticoncepción Quirúrgica y de Educación Sexual Integral en 2006, la creación del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia en 2007 y la sanción de la ley 25.485 que reconoce las violencias obstétrica, contra la libertad reproductiva e institucional, y el lanzamiento de la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 en 2010.
Otros hitos son la incorporación del implante subdérmico y el SIU (sistema intrauterino) a la canasta de métodos anticonceptivos gratuitos en 2013, la creación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) en 2017, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 y la primera distribución en el sistema público de salud de tratamientos combinados para aborto con medicamentos en 2022.
En cuanto a los desafíos, la directora nacional de SSyR destacó «seguir mejorando el acceso gratuito a método anticonceptivos, fortaleciendo las decisiones autónomas de la población y poder realizar una encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva».
Asimismo, señaló que «hay una demanda de seguir fortaleciendo el Plan Enia en las provincias que se está realizando y también la ministra (Carla Vizzotti) anunció en el Consejo Federal de Salud una federalización del plan».