El Gobierno actualizó la estructura de costos y las compensaciones para las líneas de jurisdicción nacional entre octubre de 2026 y enero de 2027. Además, autorizó el pago de más de $38.840 millones a las empresas por diferencias de recaudación correspondientes a los últimos meses.
El Gobierno nacional dispuso una actualización de los subsidios destinados a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de evitar nuevos aumentos en el precio del boleto y garantizar la continuidad del servicio.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 80/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La normativa establece una nueva estructura de costos y fija las compensaciones económicas que el Estado deberá pagar a las compañías de transporte entre octubre de 2026 y enero de 2027.
Además, la Secretaría de Transporte autorizó el desembolso de $38.840.841.807 en concepto de diferencial de recaudación correspondiente al período comprendido entre junio y septiembre de este año.
La decisión llega después de varias semanas de negociaciones y tensión con las empresas del sector, que habían advertido sobre la posibilidad de reducir las frecuencias nocturnas de 104 líneas nacionales que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
Más subsidios para evitar recortes en el servicio
Entre los principales reclamos de las empresas figuraba una deuda cercana a los $40.000 millones, vinculada con las diferencias entre los ingresos obtenidos y los costos operativos del sistema.
El 29 de octubre, durante una reunión entre representantes de la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias, se alcanzó un acuerdo para incrementar entre un 10% y un 15% los subsidios destinados a las 104 líneas nacionales del AMBA a partir de noviembre.
La resolución publicada ahora establece los mecanismos y los valores que permitirán instrumentar ese entendimiento.
De esta manera, el Gobierno busca garantizar los ingresos de las compañías y evitar que los mayores costos de funcionamiento se trasladen directamente al precio que pagan los pasajeros.
Cómo se calcularán las nuevas compensaciones
La actualización contempla los cambios en los costos operativos de las empresas, entre ellos el combustible, los repuestos y los salarios.
Uno de los aspectos centrales de la nueva metodología es la diferenciación de los costos según el tipo de tecnología utilizada por las unidades: gasoil, GNC y electricidad.
Según el informe técnico que acompaña la resolución, para determinar el costo real de cada alternativa no alcanza con comparar únicamente el precio de la energía. También deben considerarse el rendimiento de los vehículos, el mantenimiento, la infraestructura necesaria para el abastecimiento y las inversiones requeridas.
A partir de estos parámetros se establecerá un costo ponderado, de acuerdo con la participación de cada tecnología en el sistema de transporte.
El esquema busca reflejar con mayor precisión los gastos que enfrentan las empresas y determinar las compensaciones que deberá afrontar el Estado.
De dónde saldrán los fondos para pagar los subsidios
La normativa establece que las compensaciones económicas se financiarán mediante recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que se nutre de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
También se utilizarán partidas del Presupuesto nacional que sean transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación.
Por otra parte, la resolución elimina un anexo incorporado en diciembre de 2025 que detallaba la distribución del financiamiento entre las distintas jurisdicciones.
La explicación oficial es que, bajo el nuevo esquema, la responsabilidad del financiamiento corresponde íntegramente al Estado nacional, por lo que dejó de tener sentido establecer los aportes diferenciados de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué pasará con los subsidios en los meses siguientes
Las compensaciones establecidas tendrán vigencia entre octubre de 2026 y enero de 2027. Además, el valor fijado para enero continuará aplicándose durante los meses posteriores, hasta que se apruebe una nueva actualización.
La medida también contempla a las líneas de transporte que funcionan en las unidades administrativas del interior establecidas en 1995. En esos casos, cuando el monto correspondiente al atributo social —la tarifa diferencial para determinados beneficiarios— supere la compensación prevista, el Estado cubrirá el importe informado por Nación Servicios.
Con esta decisión, el Gobierno busca sostener el funcionamiento del transporte público en el AMBA, atender los reclamos de las empresas y evitar nuevos incrementos en las tarifas. El desafío será mantener el equilibrio económico del sistema frente a la evolución de los costos operativos y las necesidades de financiamiento.
Fuente: Agencia DIB
