La ampliación de la Red Federal de Concesiones alcanza rutas de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Chubut, La Pampa y otras provincias. Las empresas privadas estarán a cargo de la operación, el mantenimiento y las obras. El Ministerio de Economía tendrá un plazo de 12 meses para avanzar con las licitaciones.
El Gobierno nacional amplió la Red Federal de Concesiones y habilitó la incorporación de 27 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de gestión privada, que contempla el cobro de peajes para financiar la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de los caminos.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa permite que rutas que actualmente se encuentran bajo administración estatal puedan pasar al régimen de concesiones previsto en la Ley 17.520. De esta manera, empresas privadas podrán hacerse cargo de distintos corredores viales a cambio de su explotación y del cobro de peajes.
Entre las provincias alcanzadas se encuentra Buenos Aires, que concentra una parte importante de los trazados incorporados, junto con Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Salta, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja.
Cuáles son las rutas nacionales alcanzadas
El listado de los 27 tramos incorporados contempla los siguientes corredores:
- Buenos Aires y la región central: rutas nacionales 3, 9, 22, 33, 35, 228 y acceso A0017.
- Litoral y NEA: rutas 11, 12, 14, 16, 81, 86, 89, 120, 121 y 122.
- Patagonia: rutas 25 y 26, en Chubut, y ruta 237, en Neuquén.
- NOA y región central: rutas 34, 38, 50, 60, 151, 152 y 158.
Algunos de estos caminos atraviesan más de una provincia. Entre ellos se encuentran la ruta 3, que comprende sectores de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; la ruta 9, que atraviesa Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy; y la ruta 35, que conecta Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
Los futuros corredores podrán comprender la totalidad o solamente algunos sectores de cada ruta, siempre que no se encuentren concesionados previamente.
Cómo será el proceso de licitación
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá a su cargo la organización de los nuevos corredores y la elaboración de los pliegos para las licitaciones.
Previamente, la Dirección Nacional de Vialidad deberá realizar los informes técnicos correspondientes. Luego, Economía podrá convocar a licitaciones nacionales e internacionales, evaluar las propuestas y firmar los contratos con las empresas adjudicatarias.
El decreto establece un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para avanzar con los llamados a licitación.
Las compañías que resulten seleccionadas podrán encargarse de la construcción, explotación, reparación, ampliación y mantenimiento de los corredores. También tendrán la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales al cobro de peajes.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad será responsable de controlar el cumplimiento de los contratos y ejercerá como autoridad de aplicación.
El objetivo del Gobierno
Desde el Ejecutivo sostienen que la ampliación del sistema de concesiones permitirá incorporar inversiones privadas para financiar obras y tareas de mantenimiento, mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y reducir los costos logísticos.
El esquema forma parte del proceso de reorganización de la infraestructura vial impulsado por la administración nacional y se apoya en las facultades otorgadas por la Ley Bases, que amplió las posibilidades de concesionar rutas y declaró sujeta a privatización a la empresa estatal Corredores Viales S.A.
Con esta nueva incorporación, el Gobierno busca profundizar el traspaso de la administración de rutas nacionales al sector privado, bajo un sistema en el que las empresas concesionarias tendrán a su cargo las inversiones y el mantenimiento a cambio de los ingresos generados por los peajes.
