El proyecto reunió un amplio respaldo tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas. La iniciativa busca establecer un sistema permanente de protección social, mantener prestaciones y garantizar mecanismos de financiamiento y actualización de aranceles. Ahora deberá ser tratada por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado para continuar su tratamiento legislativo.
El acuerdo reunió al oficialismo, Unión por la Patria y distintos bloques dialoguistas, que negociaron modificaciones al texto para incorporar demandas de las organizaciones vinculadas con la discapacidad.
El proyecto busca dejar atrás el esquema de emergencia y establecer una normativa permanente que dé previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios. Para ello, conserva buena parte de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque modifica su carácter transitorio.
Qué establece el proyecto
Entre los principales puntos, la iniciativa mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el acceso a un empleo formal o al monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También contempla la continuidad del nomenclador único de prestaciones, la actualización periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria y la cobertura médica básica del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad.
En materia presupuestaria, establece que la asignación destinada al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Además, incorpora auditorías periódicas con cruces de información entre distintos organismos estatales, entre ellos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Los controles deberán contemplar el debido proceso para las personas alcanzadas.
Otro de los cambios acordados establece un plazo máximo de 30 días para reglamentar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores.
El acuerdo entre el oficialismo y la oposición
La adhesión de Unión por la Patria fue determinante para ampliar el respaldo parlamentario al proyecto. El diputado Juan Marino explicó que el bloque decidió negociar modificaciones luego de evaluar que no contaba con los votos suficientes para prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Según detalló, las conversaciones con las organizaciones del sector apuntaron a introducir mejoras y evitar retrocesos en los derechos reconocidos.
Entre los cambios incorporados, destacó la posibilidad de que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría dispongan de 160 días para presentar su descargo antes de una eventual suspensión del beneficio.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz resaltó la inclusión de la cobertura de Incluir Salud para titulares de pensiones por invalidez laboral y la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y las asignaciones familiares.
Las críticas y los reclamos por el presupuesto
Aunque acompañaron el acuerdo, desde Unión por la Patria advirtieron que la aprobación de la ley no garantiza por sí sola la solución de los problemas que atraviesa el sector.
Marino señaló que, según los datos expuestos durante el debate, 324.303 personas esperan una resolución sobre sus solicitudes de pensión. También cuestionó los recursos previstos para Incluir Salud y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los centros de día y otros prestadores.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, respaldó el dictamen modificado, pero reclamó que el Senado avance con rapidez y cuestionó la respuesta del Gobierno ante las demandas de las personas con discapacidad.
En cambio, Romina del Plá, del Frente de Izquierda, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, rechazaron el acuerdo. Ambas cuestionaron la falta de garantías presupuestarias y defendieron la necesidad de sostener la emergencia.
El proyecto pasa al Senado
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para reemplazar las prórrogas de emergencia por reglas permanentes, con mecanismos de control y financiamiento.
La oposición que acompañó el texto, en tanto, remarcó que el resultado fue producto de las negociaciones con las organizaciones y de los cambios introducidos al dictamen original.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto quedó ahora en manos del Senado, donde continuará el debate sobre el alcance de las prestaciones, los recursos disponibles y la implementación efectiva de los derechos contemplados.
