Un informe del CEDES y de Ibis Reproductive Health registró 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo durante 2025 en el sistema público de 20 provincias. El estudio advierte que la inversión nacional en salud sexual y reproductiva cayó un 57% desde 2023 y que 13 jurisdicciones sostienen el acceso a los medicamentos con recursos propios.
El acceso al aborto legal en Argentina continúa funcionando pese a los recortes presupuestarios y la discontinuidad de las compras nacionales de medicamentos. Así lo señala el informe anual El reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, a través de la iniciativa Proyecto Mirar.
Según el relevamiento, durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sistema público de salud de 20 provincias. La cifra se mantuvo sin cambios significativos respecto de 2024 en las mismas jurisdicciones, aunque el estudio advierte sobre las dificultades que enfrentan los sistemas sanitarios para sostener las prestaciones.
El escenario se produce en medio de una reducción de los recursos destinados a las políticas de salud sexual y reproductiva. De acuerdo con el documento, el gasto del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 57% entre 2023 y 2026.
Las provincias sostienen el acceso al aborto legal
Uno de los principales puntos del informe es el papel de las administraciones provinciales frente a la discontinuidad de las compras nacionales de mifepristona y misoprostol, medicamentos utilizados para la interrupción del embarazo.
La investigación señala que 13 provincias mantuvieron la provisión de estos insumos mediante partidas presupuestarias propias. Esta respuesta permitió sostener la atención, aunque con diferencias en la disponibilidad de medicamentos y en la capacidad de cada sistema sanitario.
Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y del CONICET, destacó la continuidad de las prestaciones en el sistema público y advirtió sobre el esfuerzo que deben realizar las jurisdicciones para garantizar el acceso.
El documento, elaborado a partir de estadísticas sanitarias, pedidos de acceso a la información pública y relevamientos de organizaciones sociales, sostiene que la continuidad de los servicios depende cada vez más de los recursos y de la organización de los sistemas de salud provinciales.
Esta situación también puede profundizar las desigualdades territoriales: las jurisdicciones con programas consolidados y mayor capacidad presupuestaria cuentan con más herramientas para sostener las prestaciones, mientras que otras enfrentan mayores dificultades.
La caída de la inversión también afecta a los anticonceptivos
El recorte de fondos nacionales no se limita a los insumos para el aborto. El informe advierte sobre una fuerte disminución en la cobertura de métodos anticonceptivos.
Según las estimaciones presentadas, la cantidad de mujeres cubiertas por estos métodos pasó de más de 1,2 millones en 2024 a una proyección de apenas 63.000 para 2026. La diferencia equivale a una caída del 93% en el indicador de cobertura utilizado por el estudio.
El documento también calcula que la reducción de la provisión pública podría dejar a 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales y derivar en unos 240.000 embarazos no intencionales adicionales.
A partir de un modelo de estimación de impacto sanitario, la investigación proyecta además 112.000 abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales evitables.
Se trata de estimaciones del impacto potencial de la reducción de la cobertura, no de cifras de eventos ya ocurridos.
Falta de información y dificultades para acceder a los servicios
Otro de los problemas identificados es la falta de información sobre cómo acceder a una interrupción segura y legal del embarazo.
En Salta, uno de los monitoreos citados en el informe encontró que el 65% de los casos relevados correspondía a personas que desconocían cómo acceder a la prestación.
El documento también señala que durante 2024 y 2025 el Estado nacional no realizó campañas de difusión sobre la interrupción del embarazo ni sobre la línea 0800 Salud Sexual.
La ausencia de información pública puede convertirse en una barrera adicional para quienes necesitan conocer sus derechos, identificar los centros de atención disponibles o recibir orientación sobre los procedimientos.
Mendoza amplió la atención con profesionales obstétricas
Pese a las dificultades presupuestarias, el informe destaca algunas experiencias provinciales que permitieron ampliar la disponibilidad de servicios.
Uno de los casos es el de Mendoza, que en octubre de 2024 actualizó su normativa profesional para habilitar a las obstétricas a prescribir medicamentos utilizados en la interrupción del embarazo.
Según el relevamiento, la cantidad de profesionales dispuestas a realizar esas prescripciones pasó de 15 antes de la modificación normativa a 26 dos meses después, y llegó a 55 durante 2025.
Ese año, las obstétricas realizaron el 47% de las interrupciones registradas en la provincia, de acuerdo con los datos incluidos en el documento.
El estudio considera que esta experiencia muestra cómo la reorganización de los equipos sanitarios puede ampliar la atención, especialmente en zonas rurales y semiurbanas, siempre que existan capacitación, medicamentos disponibles y mecanismos de seguimiento.
Además de Mendoza, Neuquén, Jujuy, San Luis y la provincia de Buenos Aires avanzaron en la ampliación de las tareas de las profesionales obstétricas vinculadas con la interrupción del embarazo.
Mortalidad materna: qué muestran los datos
El informe también analiza la evolución de la mortalidad materna. Según los datos citados, la tasa aumentó un 37% respecto de 2023, al pasar de 3,2 a 4,4 muertes por cada 10.000 en el indicador utilizado por el estudio.
Sin embargo, las defunciones maternas vinculadas con abortos presentaron una evolución diferente: el número de muertes se mantuvo estable durante los últimos años.
Este dato constituye uno de los indicadores analizados para evaluar la evolución de la atención sanitaria desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada el 30 de diciembre de 2020.
Un derecho que depende cada vez más de las provincias
A más de cinco años de la sanción de la ley, el estudio del CEDES y de Ibis Reproductive Health plantea que la continuidad de las interrupciones en el sistema público convive con una reducción de los recursos nacionales y una mayor responsabilidad de las provincias.
La estabilidad de los registros de 2025 muestra que las prestaciones continuaron realizándose en las jurisdicciones relevadas. Sin embargo, la disponibilidad de medicamentos, la cobertura anticonceptiva y el acceso a información siguen siendo factores centrales para garantizar una atención equitativa.
El desafío, según los datos del informe, es evitar que las diferencias presupuestarias y sanitarias entre provincias determinen las posibilidades de acceder a un derecho reconocido por la legislación argentina.
Fuente C5N
