La crisis institucional que forzó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete sumó un capítulo judicial verdaderamente explosivo en las últimas horas de la noche del lunes. La filtración de un mensaje de voz de WhatsApp expuso de forma directa al exfuncionario nacional, revelando un presunto intento de influir sobre el testimonio de Matías Tabar, el contratista clave en la causa que investiga su enriquecimiento ilícito.
En el material sonoro incorporado al expediente, grabado a fines de abril, el entonces ministro coordinador le proponía al constructor mantener un encuentro reservado en el country Indio Cuá para coordinar detalles previos a las citaciones judiciales. En el audio, el dirigente libertario le garantizaba explícitamente todo el soporte necesario, argumentando que debían estructurar la situación para la tranquilidad de todos los involucrados.
La filtración cobra una relevancia jurídica determinante debido a que, días después de ese intercambio, el contratista se presentó ante la Justicia y reveló detalles contundentes sobre las operaciones inmobiliarias. Tabar testificó formalmente que las fastuosas reformas realizadas en la propiedad privada de Adorni —que incluyeron amoblamientos a medida y una pileta climatizada con cascada— demandaron un pago de 245.000 dólares ejecutado íntegramente en efectivo.
El volumen de dinero físico reportado por el constructor demolió los argumentos de las declaraciones juradas oficiales de la Jefatura de Gabinete, elevando de forma sustancial el monto de dinero de origen no declarado que el exvocero presidencial debe justificar ante los tribunales federales. Según consta en la causa, el propio contratista decidió rechazar los ofrecimientos de asistencia del funcionario tras asesorarse de forma particular con sus abogados.
Con el objetivo de resguardar su situación procesal y evitar que la maniobra fuera catalogada como el armado de una estrategia de encubrimiento conjunta, el testigo entregó su teléfono celular corporativo de manera voluntaria a las autoridades judiciales. Las pericias tecnológicas sobre el dispositivo terminaron por convalidar los audios y los mensajes, acelerando el desgaste político que concluyó con el desembarco de Diego Santilli en el Gabinete nacional.
