La Casa Blanca decidió jugar una carta fuerte en los tribunales de Manhattan. En un escrito de 29 páginas, el Departamento de Justicia estadounidense advirtió que sancionar a un Estado soberano por desacato podría acarrear consecuencias negativas para la política exterior de Washington y afectar la reciprocidad que sus propios tribunales esperan de otras naciones.
El respaldo estadounidense se apoya en conceptos de cortesía internacional y en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA). Según el documento, la Argentina ha demostrado esfuerzos significativos para cumplir con el proceso de discovery (exhibición de pruebas), entregando más de 115.000 páginas de documentación en los últimos dos años.
El Departamento de Justicia considera que las sanciones pecuniarias y las «inferencias adversas» que buscan los beneficiarios del fallo no se ajustan a los principios que rigen las relaciones entre Estados. Este apoyo pone de relieve que, para Estados Unidos, el cumplimiento de Argentina ha sido «de buena fe», contradiciendo la postura de los demandantes que acusan al país de obstruir la justicia.
La estrategia de la Procuración del Tesoro
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra, celebraron la presentación como una validación de la estrategia jurídica argentina. Remarcaron que, a pesar del volumen masivo de información entregada, los demandantes no han logrado hallar evidencia que respalde sus acusaciones de fondo.
«Este respaldo pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional», destacaron desde el organismo oficial.
El estado de la causa
El juicio atraviesa una etapa de definiciones técnicas:
Apelación de fondo: Se espera una resolución sobre el fallo que obliga a pagar los 16.100 millones de dólares.
Acciones de YPF: Sigue pendiente la definición sobre si Argentina debe entregar sus acciones de la petrolera como garantía.
Proceso de Discovery: Argentina apeló ante la Cámara del Segundo Circuito para suspender la entrega de más comunicaciones oficiales de altos funcionarios, calificando el pedido de los demandantes como «desproporcionado».
Este respaldo de la administración Milei por parte del Departamento de Justicia norteamericano llega en un momento de fuerte sintonía política entre ambos gobiernos y podría ser determinante para evitar embargos o sanciones inmediatas mientras se resuelven las apelaciones principales.
