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lunes 12 enero 2026

Olavarría alza la voz contra el veto de Milei al financiamiento universitario

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En una tarde donde el calor de la jornada se vio reflejado en la calle, la protesta fue apoyada por el grueso de la comunidad en una caminata donde se hicieron escuchar voces de resistencia a la férrea postura del primer mandatario nacional.

Distintas voces exponen su rechazo a la controvertida medida. Foto: InfoNoticias

La ciudad de Olavarría registró una movilización amplia de la comunidad universitaria para repudiar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes, no docentes y vecinos marcharon con pancartas en las calles céntricas. La protesta incluyó bocinazos, banderas y concentraciones frente a facultades de la UNICEN.

Desde la UNICEN, en el marco de la jornada de protesta, dieron a conocer el cronograma de actividades llevado a cabo por estudiantes, docentes y trabajodores de las distintas facultades.

En primer lugar, desde las 15 tuvo lugar una radio abierta en el Paseo Jesús Mendía, y ya desde las 15.30 fueron suspendidas todas las actividades administrativas y de cursada en Ciencias de la Salud.

Esta decisión fue tomada para favorecer la concentración será frente a esa casa de altos estudios desde las 16 en avenida Pringles y Grimaldi. La movilización comenzó alrededor de las 17 con destino a la Plaza Central.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN fue epicentro del reclamo local. Sus integrantes convocaron activamente a la marcha federal universitaria. Diversas sedes universitarias como las de Olavarría, Azul y Quequén participaron de acciones simultáneas.

El rechazo al veto, expresado por la UNICEN mediante declaraciones institucionales, dejó clara una preocupación profunda por el futuro de la educación superior en Argentina. La universidad enfatizó que la medida presidencial atenta contra el funcionamiento normal del sistema universitario, la calidad educativa y el derecho a la igualdad de oportunidades.

Según autoridades locales, los presupuestos actuales resultan insuficientes. El rector de la UNICEN afirmó que con lo anunciado por el gobierno (4,8 billones de pesos) no se cubre lo que la Ley vetada proponía (alrededor de 7,3 billones), cifra necesaria para mantener actividades académicas con calidad. Docentes advirtieron que los sueldos están por debajo de los valores del año anterior, con pérdidas de poder adquisitivo que superan el 30 %.

Las consecuencias del veto van más allá del ajuste presupuestario. En la UNICEN claman por la apertura de mesas paritarias, por becas para estudiantes, por infraestructura educativa y obra pública en las facultades. Se denuncia una “crisis edilicia monumental” y retrasos en obras indispensables.

Esta movilización en Olavarría y en otras sedes universitarias se inscribe dentro de un plan de lucha nacional universitario. Se realizaron paros, marchas y un apagón institucional en solidaridad, coincidiendo con la sesión del Congreso en que se debatiría la revocación del veto.

El rechazo de la comunidad universitaria al veto presidencial refleja un malestar más profundo. No solo se protesta por recortes de fondos. También se impugna el estilo autoritario percibido: decisiones ejecutivas que anulan leyes aprobadas por el Congreso, sin diálogo. La movilización reta esa manera de gobernar y busca reinstalar la idea de que la universidad pública es un derecho social, no un gasto superfluo.

Contexto histórico del conflicto

Desde hace meses las universidades nacionales denuncian que el presupuesto aprobado no se actualiza conforme a la inflación. Las casas de estudios funcionaron mediante créditos, con incertidumbre financiera para planificar sus actividades.

En agosto de 2025 el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario con amplísima mayoría. La norma buscaba actualizar gastos de funcionamiento, reabrir paritarias docentes, aumentar becas e invertir en infraestructura y ciencia.

El presidente Milei vetó esa ley con el planteo de que su costo fiscal era inaceptable y que las fuentes de financiamiento no estaban bien definidas. La comunidad universitaria contestó de inmediato con acciones locales y nacionales, al considerar que el veto desconocía decisiones del Congreso y vulneraba derechos educativos.

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