La iniciativa fue impulsada por el diputado Álvaro Martínez y propone modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. También contempla uniformes obligatorios según el nivel de peligrosidad y cambios en el régimen de trabajo penitenciario.
La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar el régimen carcelario, con medidas que incluyen la prohibición efectiva del uso de teléfonos celulares en las cárceles y la obligación de que las personas detenidas afronten parte de los gastos que genera su alojamiento.
La propuesta fue presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez y busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es combatir delitos como las estafas telefónicas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.
“Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
El proyecto deberá ser analizado en la Comisión de Legislación Penal antes de avanzar en el tratamiento legislativo.
Uniformes obligatorios y pago de gastos
Entre los principales puntos de la iniciativa figura la implementación de uniformes obligatorios para las personas privadas de la libertad, de acuerdo con una clasificación de peligrosidad dividida en tres niveles: leve, medio y alto.
Además, se propone crear un Arancel Único Carcelario (AUC), que los internos deberían abonar mensualmente para contribuir a cubrir los gastos de servicios generales y alimentación durante su detención.
La propuesta también plantea reformular el régimen de trabajo penitenciario, aunque los detalles de esa modificación deberán analizarse en el marco del debate legislativo.
Con estas medidas, el bloque oficialista busca introducir cambios en las condiciones de detención, el control de las comunicaciones y el financiamiento de los gastos de alojamiento en los establecimientos penitenciarios.
Fuente TN
