Tras la sanción definitiva de la Ley Ema en la provincia de Buenos Aires, especialistas y familias advierten sobre los desafíos que plantean la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y el uso de inteligencia artificial entre adolescentes. La escucha, la educación digital y la justicia reparatoria aparecen como herramientas centrales para abordar los conflictos y evitar nuevas situaciones de violencia.
La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, incluso aquellas generadas mediante inteligencia artificial, se convirtió en uno de los desafíos que enfrentan las comunidades educativas. En medio de la demanda de sanciones contra los adolescentes involucrados, especialistas y familias sostienen que la respuesta no puede limitarse al castigo: la prevención, la educación y la reparación del daño son fundamentales para reconstruir los vínculos y evitar que los conflictos escalen.
El debate volvió a cobrar relevancia tras la sanción definitiva de la Ley Ema en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca incorporar la prevención de la violencia digital a las escuelas y brindar herramientas para actuar ante situaciones de hostigamiento, exposición y vulneración de la intimidad.
La discusión también se desarrolla en un contexto de cambios en el régimen penal juvenil, que desde septiembre de 2026 permite la imputación penal de adolescentes a partir de los 14 años. Frente a este escenario, especialistas advierten sobre la necesidad de distinguir entre la responsabilidad por los actos cometidos y una respuesta exclusivamente punitiva.
Un conflicto escolar atravesado por la exposición digital
El testimonio de una madre identificada como M. refleja las consecuencias que pueden tener estos episodios en la vida de los adolescentes. Su hijo quedó involucrado en un conflicto escolar luego de que circulara una lista de chicos de entre 14 y 15 años acusados de difundir imágenes de compañeras desnudas generadas con inteligencia artificial.
A partir de esa situación, el adolescente dejó de asistir temporalmente a clases y quedó aislado de su grupo de pares. Según relató su madre, el miedo y la dificultad para expresar su versión de los hechos profundizaron el impacto emocional de lo ocurrido.
La mujer señaló que, mientras algunas familias de las chicas afectadas reclamaban sanciones para los varones, otras pedían que las adolescentes se disculparan con los chicos señalados. Para ella, ambos reclamos mostraban cómo la búsqueda de castigo podía desplazar la necesidad de comprender el conflicto y proteger a los estudiantes.
La psicóloga Débora Tajer, especialista en la temática, sostiene que estas situaciones requieren un abordaje que involucre a toda la comunidad educativa y no solamente a quienes aparecen como víctimas o responsables directos.
Según explicó, también es necesario analizar la influencia de la denominada manósfera, un conjunto heterogéneo de comunidades digitales que promueven discursos masculinistas y antifeministas, y el papel que desempeñan los contenidos que circulan en internet en la construcción de los vínculos adolescentes.
Tajer también llamó la atención sobre el uso de inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas, una práctica que puede vulnerar la intimidad y provocar daños incluso cuando las imágenes no corresponden a fotografías reales.
Qué establece la Ley Ema
La Ley Ema, sancionada definitivamente por la Legislatura bonaerense, surgió a partir de la iniciativa impulsada por la familia de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que murió por suicidio en 2024, luego de la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.
La norma crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora contenidos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la inteligencia artificial.
Además, contempla la capacitación obligatoria del personal educativo, la actualización de los protocolos de actuación y medidas para detener las agresiones, preservar las pruebas digitales y evitar la revictimización de quienes sufren violencia. También incorpora la participación de los centros de estudiantes.
Su enfoque es preventivo y educativo: no crea nuevos delitos ni establece penas.
La diputada provincial de Santa Fe Celia Arena, impulsora de una iniciativa similar en esa jurisdicción, destacó que las situaciones de violencia digital tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana.
La legisladora remarcó que la circulación de una imagen sin autorización puede generar exposición y hostigamiento mucho después de que se comparte el contenido. También advirtió que muchas veces los adultos minimizan estos episodios al considerarlos simples travesuras entre adolescentes.
El objetivo de la ley, explicó, es que los estudiantes encuentren respuestas cuando las necesitan, que los docentes dispongan de herramientas para intervenir y que las instituciones promuevan espacios de diálogo y asunción de responsabilidades.
Responsabilidad sin recurrir exclusivamente al sistema penal
Para Tajer, una perspectiva que cuestiona el castigo como primera respuesta no implica desconocer el daño ni dejar de exigir responsabilidades. La especialista propone priorizar intervenciones institucionales y mecanismos de justicia reparatoria, con participación de las defensorías de niñas, niños y adolescentes cuando corresponda.
“Hay que trabajar con las pibas víctimas para que puedan expresar qué tipo de medidas quieren que se tomen”, sostuvo.
Entre las alternativas mencionó medidas pedagógicas o comunitarias y acciones concretas para proteger a las estudiantes afectadas, como evitar que compartan espacios escolares con quienes las hostigaron o permitirles ausentarse temporalmente si lo necesitan. También señaló que, en algunos casos, las víctimas consideran importante recibir una disculpa.
El planteo adquiere relevancia en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801 y vigente desde el 5 de septiembre de 2026, que habilita la imputación penal desde los 14 años. La aplicación de sanciones depende de la gravedad del delito y de las condiciones previstas por la normativa.
Sin embargo, las especialistas advierten que la posibilidad de castigar penalmente no reemplaza la obligación de prevenir la violencia ni garantiza, por sí sola, la reparación del daño.
La escucha como herramienta para reconstruir los vínculos
En la experiencia relatada por M., las instancias de diálogo fueron determinantes para comenzar a resolver el conflicto escolar. Aunque demoraron en organizarse, los encuentros entre estudiantes, coordinados por profesionales, y las charlas con las familias permitieron incorporar diferentes perspectivas.
La madre destacó la importancia de generar espacios en los que también puedan expresarse quienes suelen quedar al margen de las discusiones grupales.
Con el paso del tiempo, el enojo de algunas familias comenzó a disminuir y su hijo pudo regresar al aula y reconstruir parte de sus vínculos. Sin embargo, señaló que otros adolescentes tuvieron que abandonar la institución sin encontrar una reparación para lo ocurrido.
La experiencia dejó en evidencia que la resolución de estos conflictos requiere tiempo, acompañamiento y un trabajo sostenido entre estudiantes, familias y docentes.
Masculinidades adolescentes y prevención del suicidio
La violencia digital también abre interrogantes sobre las formas en que los adolescentes construyen sus vínculos, expresan afecto y buscan reconocimiento dentro de sus grupos.
Tajer, quien lleva adelante una investigación sobre masculinidades adolescentes, advierte sobre las dificultades que atraviesan muchos varones en un escenario marcado por la influencia de las redes sociales y el retorno de discursos tradicionales sobre los roles de género.
En este contexto, la especialista alertó sobre la importancia de atender la salud emocional de los adolescentes y los riesgos asociados al aislamiento, el rechazo de los pares y el acoso escolar.
Un informe de UNICEF Argentina sobre suicidio adolescente, publicado en octubre de 2026, señala que, a partir de los 15 años, el suicidio constituye la segunda causa de muerte entre los varones y la tercera entre las mujeres. El documento también identifica el rechazo de los pares y las experiencias de hostigamiento escolar entre los factores de riesgo, y destaca la necesidad de fortalecer la detección temprana.
Arena, por su parte, consideró fundamental trabajar sobre las masculinidades y promover otras formas de construir pertenencia entre los varones. También destacó el papel de la Educación Sexual Integral (ESI) para abordar el consentimiento, la intimidad, el respeto y los vínculos, tanto dentro como fuera de los entornos digitales.
Prevenir para evitar que el daño se repita
La sanción de la Ley Ema representa un avance en la incorporación de la violencia digital a la agenda educativa, pero su implementación plantea el desafío de transformar los protocolos y las herramientas de prevención en respuestas concretas dentro de las escuelas.
Para las especialistas y las familias consultadas, el objetivo no debe ser minimizar las agresiones ni eliminar las consecuencias para quienes las cometen, sino evitar que el castigo se convierta en la única salida.
La protección de las víctimas, la asunción de responsabilidades, la educación digital y los espacios de escucha son componentes centrales de ese proceso. En una etapa de la vida en la que los vínculos y la identidad todavía se están construyendo, la respuesta de las instituciones puede marcar una diferencia en la posibilidad de reparar el daño y prevenir nuevas situaciones de violencia.
Fuente: Página 12
