La empresa insignia del grupo económico formalizó el pedido ante la Justicia Comercial tras acumular deudas bancarias y cheques rechazados por más de $150.000 millones. En paralelo, rige la conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Buenos Aires ante el despido de unos 1.700 trabajadores.
En medio de un complejo escenario financiero, de parálisis productiva y despidos masivos, Granja Tres Arroyos S.A. —la compañía más importante dentro de la principal cadena avícola de la Argentina— solicitó formalmente la apertura del concurso preventivo de acreedores. El proceso recayó en el Juzgado Comercial N° 21, Secretaría N° 42 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a pocos días de que otra de las firmas del mismo grupo societario, WADE (ex Cresta Roja), tomara una medida idéntica.
La decisión judicial responde al marcado deterioro económico que enfrenta la firma conducida por la familia De Grazia, que no logró reestructurar un pasivo total estimado por encima de los 350 millones de dólares. Según los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina, Granja Tres Arroyos S.A. registra 6.702 cheques rechazados por un monto superior a los $114.400 millones, a los que se suman deudas con entidades bancarias por más de $41.800 millones.
Plantas paralizadas y despidos en la provincia y la región
La crisis financiera impactó directamente en el nivel de actividad de las plantas procesadoras del grupo, que operan a un porcentaje mínimo de su capacidad instalada o se encuentran directamente paralizadas. Esta situación derivó en un drástico proceso de reestructuración con el recorte de casi el 25% de la plantilla laboral, que alcanzaba los 6.500 operarios en sus distintas sedes.
De acuerdo con los reportes sindicales, la reducción de personal afectó a unos 700 trabajadores en la planta de Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría (WADE II) y 50 en la sede de Pilar, en territorio bonaerense, además de unos 480 operarios desafectados en la planta de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. En los telegramas de despido, la firma argumentó una severa reducción del volumen de trabajo derivada de circunstancias extraordinarias ajenas a la empresa.
Conciliación obligatoria y definición en el Ministerio de Trabajo
Ante el alcance de la medida, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días, ordenando retrotraer las cesantías y reincorporar de manera preventiva a más de 1.200 trabajadores en suelo bonaerense.
El plazo fijado por las autoridades provinciales vence este jueves, jornada en la que se llevará a cabo una audiencia clave entre representantes de la empresa, dirigentes gremiales y funcionarios del área laboral. En ese marco, el Poder Ejecutivo provincial analiza la posibilidad de prorrogar la medida por otros cinco días para intentar encauzar una salida al conflicto en las distintas plantas industriales.
